La Secretaría de Trabajo de Comodoro Rivadavia realizó este jueves una audiencia por la situación de los 72 trabajadores de Patagonia Argentina no incorporados a la nueva prestataria del transporte urbano. No hubo definiciones y se convocó a una nueva reunión para el lunes. El 31 de octubre vence el período de 90 días durante el cual la empresa saliente se comprometió a mantener los salarios.
La situación de los 72 trabajadores de Patagonia Argentina que no fueron incorporados a la nueva prestataria del transporte urbano de Comodoro Rivadavia fue abordada este jueves en una audiencia de la Secretaría de Trabajo, sin que surgieran definiciones concretas, salvo la nueva convocatoria para el lunes próximo.
Tras el encuentro, se registró un contrapunto entre las posiciones de un chofer y el gerente de la empresa saliente. Adrián Huenchuman, chofer que ya trabaja en Sol Bus y acompaña el reclamo de sus antiguos compañeros, cuestionó la actuación del sindicato y apuntó a las responsabilidades de las empresas y el municipio, y pidió el embargo preventivo de ómnibus de la anterior prestataria para garantizar el pago de indemnizaciones.
Por su parte, Atilio Rossi, gerente de Patagonia Argentina, rechazó sus planteos y sostuvo que el Ejecutivo municipal debe hacer cumplir las condiciones del servicio y las ordenanzas vigentes.
El conflicto tiene una fecha inmediata: el 31 de octubre vence el período de 90 días durante el cual Patagonia Argentina se comprometió a mantener los salarios de los trabajadores que quedaron afuera del traspaso. Sin una definición sobre su incorporación a MR-Sol Bus, tampoco hay certezas sobre qué ocurrirá con esos ingresos a partir del 1° de noviembre.
La sesión del Concejo Deliberante de este jueves tampoco tenía previsto tratar la modificación del convenio con MR que impulsa el Ejecutivo, para postergar hasta el 30 de abril de 2028 la incorporación de los 26 colectivos pendientes. La posibilidad de una sesión extraordinaria la semana próxima permanece abierta, aunque no hay garantías de que el expediente sea tratado, ya que a entender de algunos concejales el Ejecutivo tiene facultades para modificar por sí solo ese convenio.
El reclamo: “Los compañeros están a la deriva”
Huenchuman aclaró que ya trabaja en MR, pero que continúa acompañando a los empleados que siguen esperando una respuesta. Según relató, en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo no recibieron precisiones sobre su continuidad laboral. “Los compañeros realmente están a la deriva, están desinformados porque nadie les da una certeza de cuál es la situación”, afirmó. También cuestionó que las partes se atribuyan responsabilidades entre sí mientras los trabajadores siguen sin saber si conservarán sus puestos.
Para el chofer, la responsabilidad principal es del sindicato UTA. Argumentó que las condiciones del pliego de la licitación ya anticipaban que la nueva concesionaria incorporaría solamente “al personal necesario”. Por eso, consideró que la representación gremial debió intervenir antes de la licitación, para exigir que se garantizara el traspaso de toda la lista del personal. «Hoy no estaríamos así si el sindicato se hubiese puesto los pantalones realmente como lo tenía que haber hecho, diciendo no se hace la licitación hasta que se modifiques este artículo”, sostuvo, al plantear que debió exigirse la incorporación de la totalidad de los trabajadores y no solamente del personal necesario para operar el servicio. Huenchuman señaló que la prioridad es conservar los empleos, pero advirtió que, si no hay continuidad laboral, deberá discutirse el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Y ante versiones de que los colectivos se están yendo de Comodoro, planteó: “En este momento ya se tendría que estar pidiendo un embargo preventivo” de las unidades. Y aclaró que el reclamo principal sigue siendo la continuidad laboral: “Primero es como nosotros dijimos con los compañeros, vamos por el trabajo y hasta la última instancia, a hacer todo lo posible para que los compañeros puedan pasar”, concluyó.
Rossi apuntó al municipio y a las ordenanzas
El gerente de Patagonia Argentina negó que el planteo presentado por el abogado de la empresa en la audiencia apuntara a desligarse de los trabajadores. Según explicó, la presentación buscó que se aplique la ordenanza 3681, que -de acuerdo con su interpretación- obliga al municipio a garantizar la incorporación del personal a la nueva concesionaria o aplicar las sanciones previstas.
Rossi sostuvo que MR se comprometió a operar con 121 colectivos, tal como establece el pliego, y que presentó un plan de implementación con esa cantidad de unidades. Sin embargo, el servicio comenzó con 95 coches y los 26 restantes todavía no se incorporaron. Según el gerente, MR declaró ante la Justicia que dispone de esos colectivos y de la documentación necesaria, pero que necesita una autorización municipal para ponerlos en circulación. Añadió que la incorporación de las 121 unidades implicaba, según la declaración jurada de la nueva prestataria, una dotación de entre 343 y 344 trabajadores.
“El Ejecutivo municipal no cumple el contrato, no cumple el pliego, no cumple nada”, cuestionó Rossi, quien sostuvo que P.A está cumpliendo con el pago de los salarios durante los 90 días acordados. También rechazó que corresponda solicitar embargos preventivos mientras no se haya definido que los trabajadores quedarán sin continuidad laboral. El gerente insistió en que el municipio debe exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas, en lugar de cuestionar a Patagonia Argentina a la que, según dijo, aún se le deben 1.000 millones de pesos por subsidios de junio y julio, cuando aún prestaba el servicio. “Huenchuman está en campaña por la interna gremial, pese a que nunca se afilió al sindicato, pero eso que lo deje afuera de este tema”, cuestionó el empresario. “¿En base a qué pretende embargar los colectivos este señor? Me parece que le dieron mal el libreto”.
Rossi también rechazó los argumentos de la secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, quien dijo que la responsabilidad de los trabajadores sigue siendo de Patagonia Argentina: “Lo que tiene que hacer la funcionaria es ver que se cumpla el pliego, porque, ¿para qué lo hicieron, si no lo van a cumplir?”.
Los 26 colectivos, entre el costo del servicio y el empleo
Tal como informó ADNSUR semanas atrás, el Ejecutivo municipal pidió extender hasta el 30 de abril de 2028 el plazo para completar la flota de MR. El argumento es la dificultad de afrontar el costo que supondría ampliar ahora el servicio y cubrir los kilómetros previstos.
La postergación no solo afecta el cronograma de incorporación de unidades: también deja sin una salida inmediata a los 72 trabajadores que aguardaban sumarse a la nueva prestadora. El traspaso del 1° de agosto incluyó 95 colectivos y 269 trabajadores; el esquema original contemplaba completar la flota con otras 26 unidades.
En ese escenario, la audiencia prevista para el lunes a las 11 en la Secretaría de Trabajo buscará una nueva respuesta de las partes, con una convocatoria al municipio. Pero el vencimiento del acuerdo salarial está cada vez más cerca y las posiciones siguen enfrentadas: mientras los trabajadores reclaman continuidad laboral, Patagonia sostiene que debe exigirse el cumplimiento del convenio y el municipio todavía no consigue resolver cómo completar el servicio sin asumir un costo que hoy considera que no está en condiciones de afrontar.