Gastón Acevedo, abogado de Grupo MR, afirmó que evalúa acciones legales contra José María Ferreyra de las Casas y la empresa saliente por las acusaciones sobre la licitación del transporte. También explicó los motivos de la exclusión de Patagonia Argentina y la postergación de 26 colectivos.
El abogado de Grupo MR, Gastón Acevedo, anticipó que analiza iniciar una demanda por daños y perjuicios contra Patagonia Argentina y su representante legal, José María Ferreyra de las Casas, por las acusaciones públicas vinculadas al proceso de licitación del transporte público de Comodoro Rivadavia. En declaraciones a Actualidad 2.0, Acevedo afirmó: “Cada vez que habla Ferreyra nos está dando cada vez más pruebas para iniciar las acciones por daños y perjuicios contra él y la empresa Patagonia Argentina”.
La respuesta se produjo después de que Ferreyra de las Casas cuestionara la adjudicación y mencionara una presunta “asociación ilícita” entre funcionarios municipales y la nueva concesionaria. Acevedo rechazó esas imputaciones y sostuvo que, si existen elementos para sostenerlas, deben ser presentadas ante un fiscal.
Los motivos de la exclusión
Acevedo atribuyó la exclusión de Patagonia Argentina de la licitación a incumplimientos de las condiciones del pliego. Enumeró tres aspectos: la presentación de una oferta integral en lugar de propuestas diferenciadas por grupos de líneas, indicadores operativos con kilómetros inferiores a los exigidos y la elevada antigüedad de las unidades ofrecidas.
Sobre este último punto, sostuvo que el pliego establecía un promedio de cinco años de antigüedad para la flota, con un máximo de diez años por unidad. Según detalló, “82 de los 125 colectivos de Patagonia Argentina superaban ese límite y solamente uno estaba dentro de los cinco años”.
El abogado afirmó que la comisión de adjudicación, con intervención de la Justicia contencioso-administrativa, determinó que la propuesta de la empresa saliente no reunía las condiciones para ser considerada dentro del orden de mérito. También rechazó que el precio haya sido determinante en la adjudicación: “Si no hay oferta, no hay con qué comparar con la otra empresa”, argumentó.
La concesión fue adjudicada a Grupo MR y el contrato se encuentra en ejecución, pese a los cuestionamientos de Patagonia Argentina, que mantiene una demanda en un juzgado de Esquel en la que busca anular el resultado de la licitación.
Indemnizaciones a trabajadores
Acevedo vinculó la continuidad de los cuestionamientos con la situación de los trabajadores que deben afrontar el traspaso entre las empresas. Según sostuvo, Patagonia Argentina busca cobrar una deuda al Municipio, estimada en alrededor de 1.000 millones de pesos, sin resolver previamente las obligaciones laborales pendientes. El abogado afirmó que la empresa saliente pretende cobrar ese monto sin abonar las indemnizaciones que, según su interpretación, corresponden a los trabajadores no traspasados. “El interés oculto de la empresa es cobrar esa deuda a la municipalidad y no abonar lo que corresponde a los trabajadores -señaló-, pero en ese tema nosotros no tenemos nada que ver. Estamos cumpliendo con el contrato de concesión y lo que nos exige el municipio”.
Los 26 colectivos pendientes
En paralelo con el enfrentamiento judicial, el abogado de SolBus se refirió a las 26 unidades que todavía no se incorporaron al servicio. Aseguró que “están a disposición del Municipio desde agosto, con los títulos de propiedad presentados, que acreditan su titularidad, pero hay una crisis económica y una emergencia declarada por la municipalidad”.
Según explicó, Grupo MR aceptó postergar su puesta en funcionamiento ante las dificultades económicas del Ejecutivo municipal y el pedido de una prórroga. “Nosotros entendemos y nos solidarizamos con la situación que está viviendo el municipio”, afirmó. Y agregó que no están exigiendo que los colectivos comiencen a trabajar de inmediato porque aceptaron la extensión solicitada por el Ejecutivo.
Acevedo señaló que la empresa ganó la licitación para operar con 121 unidades y una cobertura de 800.000 kilómetros, pero la empresa no exige aplicar ese contrato -que sería más redituable para la firma- debido a las circunstancias que atraviesa la ciudad.
Denuncia por coacción
Por otro lado, el abogado enfatizó que ya planteó una primera denuncia por coacción en contra del abogado Ferreyra de las Casas, al precisar que “lo hemos denunciado a este representante de la moral y las buenas costumbres, porque en su momento nos envió una carta documento intimándonos a no firmar el contrato. Está denunciado, pero la justicia tiene sus tiempos”, indicó, al tiempo que comparó al abogado y sus representados con “Pinocho”, pero “la gente ya se dio cuenta que tienen la nariz muy larga”.
En ese punto, enfatizó que “dejen de seguir metiendo presión utilizando a la gente y poniendo en duda a todo el Estado, desde el Ejecutivo a los concejales y la justicia. Hay que ponerles un límite, nosotros estamos dispuestos a hacerlo y vamos a actuar en consecuencia”.