El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto laboral con la empresa PECOM, tras el anuncio de un paro por parte del sindicato petrolero. La medida ordena retrotraer los seis despidos y abre una instancia de negociación.
El Gobierno de Santa Cruz dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que involucra a la empresa PECOM, luego de que el sindicato petrolero anunciara un paro en rechazo al despido de seis trabajadores de la firma de servicios petroleros.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia y establece que, durante la vigencia de la medida, las partes deberán retrotraer la situación al estado anterior a las desvinculaciones. De esta manera, los seis despidos quedan en suspenso mientras se desarrolla una instancia formal de negociación.
Desde el Ministerio de Trabajo, Sebastián Santillán, coordinador de la cartera en Zona Norte, confirmó el alcance de la resolución. “La conciliación obligatoria ordena retrotraer los seis despidos y abre una instancia de diálogo para buscar una solución”, señaló.
Los beneficios petroleros y el mantenimiento del empleo
Según se informó desde el ámbito provincial, el conflicto será evaluado a la luz del sistema de beneficios e incentivos para empresas, condicionados al sostenimiento o creación de puestos laborales.
Se trata de la Resolución 094/2026, del Ministerio de Energía y Minería, fechada el 25 de agosto, que establece que el mantenimiento de los puestos de trabajo debe ser considerado en la implementación, el seguimiento y la evaluación de los beneficios previstos en el programa “Más Producción y Más Trabajo”, aprobado mediante el Decreto Provincial 454/2026.
La normativa dispone que las empresas adheridas deben informar a la autoridad de aplicación cualquier reducción sustancial de personal vinculada con sus actividades hidrocarburíferas en Santa Cruz. Esa comunicación debe incluir las causas, el alcance y las circunstancias de la medida.
A partir de esa información, está prevista la intervención del Ministerio de Trabajo para evaluar la situación laboral y su impacto sobre el mantenimiento del empleo. Luego, el Ministerio de Energía y Minería debe considerar esos antecedentes para determinar su incidencia en los objetivos del programa y las eventuales consecuencias dentro del régimen de beneficios.