Con 60 votos a favor y dos en contra, el Senado aprobó un proyecto de ley sobre mercados de créditos de carbono. Especialistas advierten sobre los riesgos ambientales y la falta de comprensión de la norma.
El Senado de la Nación aprobó con 60 votos a favor y dos en contra un proyecto de ley que regula los mercados de créditos de carbono. La norma busca establecer un marco para la comercialización de estos instrumentos, que hasta ahora operaban en un mercado voluntario entre privados.
Según fuentes consultadas, la mayoría de los legisladores que votaron a favor carece de una comprensión acabada del funcionamiento de los créditos de carbono. Una minoría, vinculada a consultores y desarrolladores de proyectos, lideró la discusión y la redacción de los dictámenes.
El proyecto integra el mercado voluntario existente con los mercados regulados previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París. Estos créditos, generados bajo ese marco, tienen implicancias para las cuentas nacionales: impactan en el inventario de gases de efecto invernadero y pueden afectar el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).
El rol del Estado nacional es central, ya que representa los intereses y obligaciones ante la comunidad internacional. Para autorizar transacciones de créditos de carbono, se requiere una política climática consistente, un plan de acción para cumplir la NDC y una estrategia de largo plazo. Actualmente, según las críticas, esa estrategia no existe.
La mayoría de los proyectos impulsados se basan en la naturaleza (bosques, humedales y praderas). Estos proyectos son cuestionados porque se trata de compensar capturas temporales de carbono biogénico con nuevas emisiones de carbono fósil, lo que equivale a permisos para continuar contaminando. La contabilidad de estos proyectos es incierta, basada en supuestos y frágil en su permanencia.
Los proyectos considerados legítimos son los energéticos y de carácter industrial, donde las reducciones y emisiones son permanentes y contabilizables. En cambio, los proyectos basados en ecosistemas han sido objeto de escándalos y cuestionamientos por la solidez de sus números.
Especialistas advierten que la ley podría llevar a la desafectación de áreas protegidas, como las bajo la Ley de Bosques, para generar ecosistemas en riesgo y luego proponer proyectos de protección, lo que pondría en jaque esa norma en pocos años.