SANTIAGO, Chile.– Catorce personas asesinadas en 48 horas. Cuatro adolescentes, entre 13 y 17 años, acribillados. El primer semestre con más robos con violencia desde 2017 y una sensación de inseguridad enquistada en la ciudadanía que se amplifica con una agenda en la que temas como crímenes, homicidios y delincuencia, están a la orden del día.
“Los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos”, dijo esta semana el presidente Gabriel Boric, condicionado por los últimos hechos de violencia y que lo obligaron a suspender su viaje a París para la inauguración de los Juegos Olímpicos y anunciar una serie de medidas.
“El enemigo es uno solo, está del otro lado de la línea y a este lado de la línea tenemos que estar todos independiente de nuestras diferencias políticas”, añadió el mandatario.
En su intervención se refirió a la construcción de una cárcel de alta seguridad para jefes del crimen organizado, a la creación de una fuerza especial en Gendarmería y a la decisión acelerar en el Congreso los proyectos de inteligencia económica y de sistemas de inteligencia.
Pese a que las medidas fueron valoradas incluso por la oposición, el escenario para Boric es completamente distinto y la presión sobre su propio gobierno lo ha llevado a estudiar nuevas alternativas para disminuir la tasa de criminalidad y romper la tendencia al alza. De hecho, durante cada primer semestre de los últimos tres años, los homicidios superaron los 400 casos, a un promedio de más de dos homicidios por día.
Según el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos del Ministerio del Interior, hasta junio se habían identificado 577 homicidios a nivel nacional, un 5% más que en la misma fecha de 2023 cuando se registraron 550 casos.
El caso más complejo es en la Región Metropolitana, que agrupa a Santiago y sus alrededores y donde se concentra el 40% de los homicidios. Porque si bien a nivel nacional la tasa de asesinatos bajó en el orden de un 6% con respecto al año pasado, en la Región Metropolitana la tendencia no se ha revertido y hasta junio de 2024 se cometieron tres delitos más que el año anterior.
Por lo mismo, representantes incluso del oficialismo como el Partido Socialista han llamado a que el gobierno decrete Estado de Sitio en la Región Metropolitana, una medida que según la Constitución chilena establece mayores atribuciones para el control del orden público y puede restringir la libertad de reunión, de movimiento, y arresto de personas en su casa o en otros lugares no habituales distintos a las cárceles.
“La experiencia comparada no es positiva, sin embargo, no descarto ninguna herramienta constitucional”, respondió Boric.
En tanto, un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, dio cuenta de otra cifra importante: los robos con violencia en el primer semestre aumentaron un 2,8% en comparación a 2023, alcanzando su cifra más alta en los últimos ocho años, y elevando la proporción de delitos violentos dentro del total de delitos (41%).
“La delincuencia siempre ha sido un tema difícil de resolver y nuestro país no la tenía controlada aunque estábamos en una mejor situación en general, pero desde que ha aumentado la inmigración irregular hemos visto no solamente como ha aumentado la cantidad de delitos sino que también la connotación de esos delitos”, dijo a LA NACION, José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica.
“Una de las complejidades que tiene el gobierno y la izquierda en general para abordar este problema es que en general no tienen propuestas en materia de seguridad. Esta visión un poco a veces romantizada que decían que los delincuentes eran víctimas de la sociedad y por lo tanto el trato que se debía tener con ellos no era punitivo les ha terminado pasando la cuenta, porque una vez en el gobierno se han dado cuenta que la forma de enfrentar el problema es una forma distinta. Es precisamente desde el punto de vista punitivo y fortaleciendo a las fuerzas de orden y seguridad que es lo que se han visto obligados a hacer”, añadió.
Las encuestas también le han dado la espalda al gobierno en su manejo de la crisis de seguridad.
Según los resultados del último sondeo de la consultora Black&White, el 65% de los chilenos cree que el aumento de la delincuencia y las razones del incremento en las cifras de delitos violentos en el país son atribuibles a un mal manejo de La Moneda en materia de seguridad.
“Es innegable que la crisis de seguridad que vivimos se catapulta a partir del estallido social de 2019, ya que la violencia en las calles permitió construir un relato por parte de sectores de la izquierda chilena”, señaló a LA NACION Yamil Musa, politólogo de la Universidad del Alba, y quien también apuntó a la ola migratoria como una de las razones.
“Va a ser muy difícil culturalmente poder zanjarlo en los próximos años si los índices y los indicadores de violencia que estamos viviendo hoy día se mantienen igual y los protagonistas son siempre o generalmente migrantes irregulares”, indicó el experto.