El Gobierno denunció que encontró un boliche clandestino en un piso cedido a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo «en 2018 con fines educativos».
Así lo indicó el portavoz Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde reveló que la Policía Federal allanó en las últimas horas el inmueble ubicado en Rivadavia al 2700. «Es muy impresionante cuando uno ve las fotos de lo que hicieron con el lugar», apuntó.
«En vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como lo son aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botella de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche», subrayó Adorni.
En los minutos previos a la conferencia, el portavoz había dejado un mensaje enigmático en sus redes sociales, donde compartió la imagen del inmueble allanado sin dar ningún tipo de contexto y con un texto conciso: «Ahora, en conferencia de prensa. Fin».
En ese contexto, Adorni detalló que sólo en 2023, «la Universidad recibió el equivalente a 4.500 millones de pesos de hoy y se recibieron 0 alumnos».
Además, anunció que el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal. «Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concedió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos«, sentenció.
EN VEZ DE AULAS, UN BOLICHE CLANDESTINO
Encontramos que en un inmueble cedido por el Ministerio de Justicia a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo para fines educativos, funciona como un boliche clandestino y un búnker político.
En 2023 esta Universidad recibió del… pic.twitter.com/pm9D37C9Zn
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) November 21, 2024
«A todos los que se divertían con la plata de todos los argentinos… Muchachos, se les terminó la fiesta«, apuntó el portavoz.
Durante la conferencia de prensa, el funcionario nacional mostró una de las fotos y comentó: «Esta es la brutalidad con la que manejaban el barcito que se habían armado. Hasta jugaban a los dardos».
«Esto no era todo, no se conformaban con el bolichito. En el tercer piso, que era donde se hacían las fiestas, también vivía una familia. Y en los dos primeros pisos funcionaban organizaciones de índole privadas», agregó.
Al respecto, el vocero precisó: «En los dos primeros pisos de un inmueble que está en Rivadavia al 2700 funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.), vinculada a uno de los famosos piqueteros o ex piqueteros porque ya no cortan más las calles, donde se encontraron banners con la frase ‘vamos a volver’ junto a un imagen de la ex presidente condenada Cristina Kirchner».
Además, Adorni detalló que en otro de los pisos funcionaba la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en la Argentina, que «funcionaba durante agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15.30 a 18.30», y la Asociación de Haitianos viviendo en la Argentina.
¿Qué dice la denuncia penal presentada por el Ministerio de Justicia?
En la solicitud que fue presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación, se solicitó «de inmediato y con urgencia el allanamiento de todo el predio ubicado en la Avenida Rivadavia N°2749/ 89 y Avda. Pueyrredón N°19 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de corroborar su estado, ocupantes, destino de las diferentes dependencias y filmar y fotografiar todo lo actuado».
«A primera vista los hechos advertidos tendrían una adecuación típica en las figuras penales de malversación de caudales públicos (arts. 260 del Código Penal), sin que ello impida que, con el devenir de la investigación cuya instrucción aquí se solicita, los hechos resulten encuadrando en otras figuras penales más específicas (fraude a la Administración Pública -C.P., arts. 174 inc. 5-, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros)», indica la denuncia penal a la que accedió Clarín.
En el escrito, de 24 páginas, se indica que «se observó a lo largo de todo el inmueble un sinnúmero de carteleras y propaganda política de gobiernos anteriores –más precisamente, de tinte kirchneristas–. Un ámbito del Estado dedicado a la política».
«Se ha comprobado que el uso del inmueble ha implicado una alteración del destino autorizado, lo que ha derivado en una serie de obvios perjuicios tanto para la Administración Pública Nacional como para los ciudadanos que dependían del propósito inicial de la cesión», detalla.
Y agrega: «La situación es tan ilegal, grosera y disparatada que no solo ha vulnerado el derecho del Estado de disponer de un bien público para cumplir con fines legítimos, sino que ha facilitado la creación de un espacio de uso personal, político y comercial sin ningún tipo de control ni justificación».
«De acuerdo con las circunstancias descritas, se configura la comisión de delitos y una clara violación de los principios de legalidad, eficiencia, y economía que deben regir la utilización de los bienes públicos«, puntualiza la denuncia.
A modo de cierre, el texto destaca: «El presidente Javier Milei es terminante. Debe cuidarse el patrimonio del Estado y la sociedad, no emplearse con fines indebidos, políticos y personales»