El Colegio de Abogados de Buenos Aires, que preside Alberto Garay, solicitó que “es imperioso que las autoridades políticas y judiciales adopten medidas que reorganicen las apelaciones desde los distintos tribunales y fueros ordinarios de la Capital Federal, como así también las estructuras judiciales que se verán afectadas”, en base al fallo Levinas.
A fin de facilitar que “dicha innovación se efectúe ordenadamente, sería conveniente que, como se resolvió en los casos de Fallos 336: 760 y 344: 3636, la Corte Suprema complemente el considerando 12 de la sentencia recaída en la causa “Levinas”, y establezca un plazo razonablemente breve dentro del cual las instituciones políticas, judiciales y profesionales del Derecho, propongan soluciones y, consecuentemente, adopten los mecanismos que faciliten, expeditiva y eficazmente, la instrumentación de la apelación ante el TSJ”, propuso.
En diciembre, a las autoridades políticas nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sancionaran medidas urgentes, necesarias para implementar la doctrina que emana del reciente fallo de la Corte Suprema recaído en la causa “Ferrari, María Alicia c. Levinas, Gabriel Isaías”.
En un nuevo comunicado, señaló que “hasta la fecha esas jurisdicciones no han exteriorizado iniciativa alguna sobre el particular” para acordar como implementar los cambios que supone que la justicia nacional tenga al Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia revisor antes que la Corte Suprema.
Por otro lado, “el Tribunal Superior de Justicia de la C.A.B.A., tampoco ha hecho público si tiene bajo análisis el estudio de medidas urgentes encaminadas a adaptar los reglamentos y su estructura para cuando la actividad jurisdiccional vuelva a la normalidad, en el próximo mes de febrero.
Por último, “los magistrados nacionales, unánimemente, y el sindicato que nuclea a sus empleados, expresaron su desacuerdo con el fallo. De ese comunicado no surge si, concretamente, más allá de su desacuerdo, los magistrados piensan, además, actuar contra lo decidido por la mayoría de la Corte Suprema en el caso “Levinas” y en todos los supuestos semejantes.
“Está fuera de discusión que la interpretación que los jueces nacionales hagan de la Constitución Nacional, está subordinada a lo que sobre ella declare la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial de la Nación y último intérprete de la Ley Fundamental”, destacó.
Por esa razón, “los jueces de las instancias inferiores, federales, nacionales, provinciales y porteñas deben leal acatamiento a las sentencias de la Corte Suprema y a las doctrinas implícitas en ellas, en todas las causas que sean análogas. Alzarse contra aquéllas expresa o implícitamente, en la misma causa o en otras análogas, es arrogarse una competencia de la que carecen; es, lisa y llanamente, alzarse contra la Constitución Nacional y, en el caso, además, contra la Constitución de la C.A.B.A”, advirtió.
Además, “si se continúa con esta situación de parálisis, es probable que, llegado el lunes 3 de febrero, la situación sea la misma que precedió a la sentencia aludida”.
La consecuencia “inmediata de esa anomia de los órganos políticos y judiciales, recaerá inexorablemente sobre los litigantes. En efecto, si se decidiera contra lo resuelto por la mayoría de la Corte Suprema en el caso “Levinas”, y/o si no se adaptaran los procedimientos y las estructuras judiciales para efectivizar rápidamente la doctrina que emana de ese pronunciamiento, se multiplicarán inevitablemente las demoras en el trámite de las causas, morosidad que en muchos fueros ya llegan a niveles inaceptables”, agregó. Otra consecuencia “ineludible será el aumento exponencial de los conflictos suscitados en torno de esta cuestión, los que se contarán de a cientos, y que podrán conducir al colapso del sistema”.