La justicia federal de La Plata suspendió el decreto 116/2025, que ordenaba la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima y prohibió cualquier acción administrativa que conduzca en esa dirección hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo: es decir, la posible privatización. El fallo señaló además que cualquier cambio en la estructura jurídica de la entidad requiere la aprobación del Congreso Nacional.
El juez Alejo Ramos Padilla dictó este martes un fallo para detener la normativa que establecía la conversión del BNA en sociedad anónima.
“Al disponer la transformación del BNA en una sociedad anónima, el Decreto 116/2025 contradice flagrantemente la voluntad del Congreso, y supone una extralimitación de las facultades delegadas”, afirmó la resolución del magistrado.
En ese marco, le indicó al Estado Nacional que “se abstenga de toda acción tendiente a su implementación”.
La medida cautelar argumenta que la transformación del BNA en sociedad anónima podría contradecir lo establecido por la Ley 27.742 o ley Bases, al detallar que la entidad bancaria había quedado excluida del listado de empresas sujetas a privatización. Asimismo, sostiene que cualquier cambio en la estructura jurídica del Banco Nación debe ser aprobado, sin excepciones, por el Congreso Nacional.
El Ejecutivo considera que el BNA debe quedar bajo el paraguas de la Ley 21.526 de Entidades Financieras.
«Ya pasó en los años ’90 cuando lo intentó Carlos Saúl Menem, fue la misma situación. Primero intentó privatizar e intentó que fuera sociedad anónima para abrir al capital privado, pero no lo logró. Vastos sectores de la sociedad argentina se pronunciaron en contra de esa posible privatización, como lo están haciendo hoy», afirmó Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, en declaraciones radiales tras conocerse la decisión del Gobierno nacional para la gestión del BNA.
El fallo se da en un contexto de crecientes cuestionamientos hacia la medida oficial, tanto desde el sector de los trabajadores como del sector productivo. «Ha sido y es columna vertebral del sector agropecuario y base inalienable del desarrollo del interior productivo», resaltaron desde la Federación Agraria Argentina.
La institución insignia de la banca pública fue creada en 1891 y en la actualidad -con datos a noviembre de 2024- posee el 24 por ciento de los depósitos que tiene en el sistema financiero con un total de 32,1 billones de pesos; el 20,7 por ciento de los préstamos del sistema financiero y el 33 por ciento de los créditos hipotecarios.
«El ratio entre el margen de rentabilidad operativa y los gastos de estructura es de 891,9%: muy superior al del sistema financiero en su conjunto (296,8%) y al de los 10 principales bancos privados de la Argentina (250,7%)», según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).
Desde el sindicato, manifestaron que Javier Milei «se lo quiere entregar a sus amigos» porque «es rentable y el más grande del país»: concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos.
La medida cautelar interina se adoptó en respuesta a una presentación de un grupo de trabajadores del banco, entre quienes se encuentra Juan Honorio Guerrero Iraola, donde denunciaron que el último decreto del Poder Ejecutivo representa un «intento solapado» de privatización.
Padilla requirió «a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″.
La resolución también detalló que el BNA es una entidad autárquica cuya creación y eventual modificación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, entonces el Ejecutivo «podría haber excedido las facultades delegadas por el Congreso». En esa línea, consideró que cualquier cambio que derive en la pérdida del carácter público podría provocar «consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles».
Ante la controversia sobre la privatización, el fallo de la justicia federal de La Plata recuerda que fue la propia administración del BNA y el Estado Nacional quienes habían solicitado que se declarara abstracta la cuestión, luego de que en el Congreso quedara descartada la opción de que la entidad pudiera pasar a manos privadas.