La crisis económica en Bolivia ha intensificado la preocupación entre los productores agrícolas debido al alza en los costos de producción, principalmente por el incremento en los precios del combustible. A pesar de las falsas promesas gubernamentales de estabilizar el suministro de diésel y gasolina, la realidad en el campo muestra una situación cada vez más crítica.
Fernando Romero, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que para la cosecha se requieren entre 20 y 26 millones de litros de combustible. Sin embargo, la escasez actual ha obligado a los agricultores a adquirir diésel a precios inflados en el mercado negro, elevando significativamente los costos operativos. Esta situación amenaza la rentabilidad y sostenibilidad de cultivos clave como la soya, el sorgo y el maíz.
El gobierno, encabezado por el desacreditado economista Luis Arce, ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso de garantizar el abastecimiento de combustible y reducir los costos para el sector productivo. No obstante, estas promesas no se han materializado, generando una creciente desconfianza entre los productores. La falta de acciones concretas ha dejado al sector agrícola en una posición vulnerable, enfrentando desafíos que podrían haberse mitigado con una planificación y gestión más efectivas.
La incoherencia entre las declaraciones oficiales y la realidad en el terreno ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores. Mientras el gobierno asegura que el suministro de combustible se está normalizando, las largas filas en las estaciones de servicio y la dependencia del mercado negro pintan un panorama diferente. Esta contradicción entre el discurso y la práctica ha erosionado la credibilidad de las autoridades y ha exacerbado la incertidumbre en el sector agrícola.
La escasez de combustible no solo afecta la fase de cosecha, sino también el transporte de los productos hacia los mercados y la preparación de los suelos para futuros ciclos agrícolas. La falta de diésel ha paralizado maquinaria esencial, retrasando labores y comprometiendo la calidad y cantidad de la producción. Este escenario podría derivar en desabastecimiento de alimentos en los mercados locales y nacionales, impactando directamente en la seguridad alimentaria del país.
El campo paga la incompetencia del gobierno
| La Derecha Diario
La crisis económica ha provocado un aumento generalizado en los precios de los insumos agrícolas. La inflación en Bolivia alcanzó en agosto de 2024 su nivel más alto en casi una década, con una tasa anual del 5,19%. Este incremento en los costos, sumado a la escasez de combustible, ha puesto en jaque la viabilidad económica de muchos productores, especialmente los pequeños y medianos agricultores que cuentan con recursos limitados.
La falta de divisas y la disminución en la producción de hidrocarburos han limitado la capacidad del país para importar combustible, exacerbando la crisis actual. A pesar de los esfuerzos por diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de las importaciones, las soluciones a largo plazo aún no se han implementado, dejando a los productores en una situación de incertidumbre constante.
La comunidad agrícola ha expresado su frustración mediante protestas y bloqueos, exigiendo al gobierno soluciones inmediatas y efectivas. La inacción o respuestas insuficientes por parte de las autoridades podrían desencadenar una crisis alimentaria, afectando no solo a los productores, sino a toda la población boliviana. Es imperativo que se tomen medidas concretas para garantizar el suministro de combustible y estabilizar los costos de producción, asegurando así la continuidad y sostenibilidad del sector agrícola.
Los productores advierten que, de persistir esta crisis, muchos pequeños y medianos agricultores podrían verse obligados a reducir su producción o incluso abandonar sus cultivos. La falta de apoyo estatal y el alza en los costos de producción no solo afectan al agro, sino que también ponen en riesgo el empleo rural y el abastecimiento de alimentos en el mercado nacional.
La combinación de promesas incumplidas, gestión ineficaz y una economía en deterioro ha colocado a los productores bolivianos en una posición precaria. Sin intervenciones gubernamentales decisivas y coherentes, la producción agrícola nacional corre el riesgo de sufrir pérdidas significativas, con repercusiones directas en la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del país.