El personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) recibió órdenes de destruir documentos clasificados y archivos personales, según un correo electrónico que se dio a conocer el lunes por la tarde.
El correo, enviado por Erica Carr, secretaria ejecutiva interina de USAID, instruía a los empleados a comenzar a destruir los documentos el martes por la mañana, en un intento de «limpiar» los archivos clasificados y de personal en la sede de la agencia en el Edificio Ronald Reagan, en Washington.
Los empleados fueron dirigidos a usar trituradoras de papel y, si estas no estaban disponibles, utilizar «bolsas de quema» para destruir los documentos.
El correo también indicaba que las bolsas de quema debían etiquetarse con las palabras «SECRETO» y «USAID/(B/IO)», y que si las bolsas necesitaban ser cerradas con grapas, debían ser adecuadamente selladas.
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La destrucción de estos documentos podría estar relacionada con los grandes actos de corrupción en la agencia denunciados por la administración de Trump, según algunas fuentes cercanas a la situación.
Organizaciones como Democracy Forward y Public Citizen Litigation Group presentaron una moción para detener lo que consideran una destrucción ilegal de registros federales en USAID.
En respuesta a estas acciones, un portavoz señaló que la destrucción de documentos se estaba llevando a cabo conforme a la Ley de Registros Federales y que los documentos que se estaban destruyendo eran principalmente «contenido de cortesía» y no relevantes para los litigios judiciales.
Aseguraron que los documentos originales seguían almacenados en sistemas clasificados de la agencia.
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Sin embargo, expertos legales cuestionaron la legalidad y adecuación de esta destrucción, señalando que el proceso usualmente se lleva a cabo solo en situaciones de emergencia, como ataques a embajadas, y no en circunstancias normales.
El caso ha generado preocupación entre los empleados y sindicatos de USAID, ya que muchos de los documentos que se están destruyendo podrían ser cruciales para las investigaciones que ligan a la agencia al gran desembolso de dinero en causas progresistas en distintos países del mundo y financiación a grupos terroristas.
En particular, la Asociación de Servicios de Personal, que representa a los contratistas de USAID, solicitó la intervención de un juez para detener la destrucción de documentos clasificados hasta que se pueda revisar si estos están relacionados con causas ligadas a la corrupción de la agencia.
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La administración de Trump ha llevado a cabo una reestructuración significativa de USAID, recortando la mayoría de sus programas y reduciendo el personal, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la misma.
Según informes, el 83% de los programas de ayuda humanitaria y de desarrollo en el extranjero han sido cancelados, y la mayoría de los empleados de la agencia han sido despedidos o puestos en licencia.
Además, la agencia ha estado involucrada en un conflicto interno debido a las restricciones de acceso a material clasificado por parte de equipos relacionados con la administración de Musk que han sido enviados para reducir el tamaño del gobierno federal.
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Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, también ha afirmado en redes sociales que el 83% de los programas de USAID han sido cancelados, y en las últimas semanas ha habido gran incertidumbre sobre cómo se han manejado los fondos y la información relacionados con la agencia durante el gobierno de Biden.
Los críticos han señalado que la destrucción de los documentos podría estar relacionada con un intento de eliminar pruebas de posibles irregularidades o malas decisiones por parte de la administración de Biden respecto al destino de los fondos de la agencia.
El juez Carl Nichols, que está supervisando el caso, aún no ha emitido un fallo sobre la solicitud de las organizaciones para detener la destrucción de los documentos, pero ha ordenado que se presenten informes sobre el asunto antes del miércoles.
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