Incidentes en el Congreso: el Gobierno avanza contra la jueza Andrade por liberar a los detenidos
Desde el Gobierno afirman que Andrade desestimó informes policiales, no revisó pruebas, ni verificó los antecedentes penales de los detenidos
15/03/2025 – 21:08hs
El Gobierno nacional presentará este lunes, una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, cuestionada previamente por el Ministerio de Seguridad debido a su decisión de liberar en pocas horas a 114 detenidos en la marcha de los jubilados del 12 de marzo frente al Congreso.
Las duras acusaciones de Bullrich a la jueza Karina Andrade
Desde el equipo de Patricia Bullrich señalaron que la presentación judicial incluirá cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Además, argumentan que su accionar fue «deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público».
Paralelamente, el oficialismo solicitará al Consejo de la Magistratura que analice si corresponde aplicar sanciones a Andrade por su rol en la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la manifestación, en la que participaron grupos de barras y militantes políticos.
El Gobierno calificó como un «desastre» el desempeño de la jueza, argumentando que dispuso la liberación de los detenidos «por Whatsapp», sin revisar las actuaciones, sin analizar pruebas y sin verificar los antecedentes penales de los arrestados.
Según fuentes oficiales, algunos de los liberados contaban con antecedentes por delitos como lesiones, amenazas agravadas, resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de armas de fuego, narcotráfico y robos.
Los argumentos de Andrade para liberar a los detenidos
Andrade, de 42 años, encabeza el juzgado Nº 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Se la considera una jueza de perfil garantista y ocupa su cargo desde agosto de 2021, tras haber trabajado en la Justicia federal previamente.
El viernes pasado, ante las críticas por su decisión, Andrade defendió su postura en una entrevista. «No se recibía información del lugar de detención. Todos decían 237, 238 y 239, que es desobediencia al orden policial. Pero además no había ningún acta, eran todos nombres, DNI, lugar exacto, oficial que interviene. Siempre pido que en delitos de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos. Yo creo que es muy importante, nada tiene que ver con que la investigación después siga», explicó.
También argumentó que su tarea consiste en «controlar los requisitos de la detención. En un contexto de ponderación de derechos. Nuestra Constitución Nacional debe garantizar la protesta, que se pueda manifestar libremente, y que la persona que cometa delitos sea detenida, pero garantizar el derecho a manifestarse».