En el contexto de la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la inmigración ilegal en áreas sensibles del norte argentino, el Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Defensa de la Nación puso en marcha el plan denominado «Operación Presidente Julio Argentino Roca«, que dispone el despliegue de recursos y efectivos militares en la región Norte y Noreste del país.
El operativo ya comenzó y se prolongará hasta el 15 de diciembre de este año. Su foco principal será la intervención de las Fuerzas Armadas en las denominadas Zonas de Seguridad de Frontera, excluyendo los pasos fronterizos habilitados y los centros urbanos, tal como lo establece el artículo 17 del Decreto Reglamentario N.º 1112/2024.
Así lo resolvió el Gobierno de Milei a través de la resolución 347/2025, publicada en la edición de esta madrugada del Boletín Oficial. En el documento se fijan los principales lineamientos del operativo, entre los que se destacan: la conformación de un Comando Conjunto y la designación del oficial al mando; la intervención del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la organización de las tareas de adiestramiento.
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Denominada brevemente «Operación Roca«, esta iniciativa se suma al vigente Plan Güemes, implementado desde el año anterior, y que tuvo su segunda fase de lanzamiento en la noche del lunes durante un acto encabezado por el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz.
«Pusimos en marcha el nuevo corredor que abarca Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas«, señaló el mandatario provincial en una publicación en la red X.
El despliegue se enmarca en lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional, la cual concibe la protección nacional como «la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para resolver aquellos conflictos que demanden la intervención de las Fuerzas Armadas«.
A esta normativa se suman las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059 y del Decreto-Ley N.º 15.385/44, que permiten la colaboración entre las fuerzas armadas y de seguridad en áreas fronterizas ante amenazas a la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos argentinos.
«La actividad policial desarrollada por la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en zonas de seguridad fronteriza podrá, si fuera necesario, ser respaldada con personal y recursos provenientes de los entonces Ministerios de Guerra y Marina», indica la resolución oficial.
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Según el análisis del Ministerio de Defensa, estas áreas constituyen puntos estratégicos que requieren una atención prioritaria del Estado, no solo desde el plano táctico, sino también como manifestación concreta de una política de defensa activa y soberana sobre el territorio y sus habitantes.
Frente a este nuevo contexto, el Gobierno de Milei busca modificar la dinámica vigente a través de una operación sostenida y planificada, que se apoya en comandos conjuntos y se rige por un marco legal especialmente diseñado para esta misión. Estas normativas forman parte de la resolución y definen tanto la ejecución operativa como el papel de las Fuerzas Armadas, que tendrán a su cargo la protección propia durante el desarrollo de la misión.
Esto implica que el personal militar estará habilitado para responder ante agresiones que pongan en peligro su integridad física o afecten el funcionamiento de los equipos y recursos estratégicos destinados a la defensa nacional.
La medida también instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a llevar adelante la operación conforme a la planificación militar vigente, y a establecer un Comando Conjunto con un comandante específicamente designado para liderar las tareas sobre el terreno. Asimismo, se encomienda a los jefes de los estados mayores generales la coordinación de las actividades de adiestramiento operacional en las zonas geográficas definidas.