En enero de 2016, la administración de Barack Obamaautorizó el envío secreto de 400 millones de dólares en efectivo a Irán, coincidiendo con la liberación de cuatro ciudadanos estadounidenses y la implementación formal del acuerdo nuclear con Teherán.
La entrega, realizada en pallets cargados de francos suizos, euros y otras divisas, fue parte de un acuerdo más amplio de 1.700 millones de dólares para resolver una disputa legal en el Tribunal de La Haya relacionada con un fallido acuerdo de armas entre Estados Unidos e Irán en la década de 1970, durante el gobierno del Sha.
Aunque la Casa Blanca sostuvo que el pago no fue un rescate, sino una resolución de una antigua reclamación financiera, la coincidencia temporal con la liberación de los prisioneros provocó duras críticas, especialmente por parte de legisladores republicanos.
Denunciaron que la entrega en efectivo equivalía a pagar un rescate, violando la política estadounidense de no negociar con tomadores de rehenes, y advirtieron que esto incentivaría a Irán a detener más ciudadanos estadounidenses con fines políticos o económicos.
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El senador republicano Mark Kirk y el entonces candidato presidencial Donald Trumpcriticaron duramente la medida, argumentando que fortalecía a un Estado patrocinador del terrorismo y debilitaba la posición de Estados Unidos frente a Irán.
Trump afirmó que »Irán estaba en problemas», pero que tras el levantamiento de sanciones, »se convirtió en una potencia», y calificó el pago como »una locura».
Por su parte, la demócrata Hillary Clintonminimizó la controversia, asegurando que era »noticia vieja» y que el pago respondía a indemnizaciones por contratos cancelados tras la caída del Sha.
Funcionarios del gobierno defendieron la operación, señalando que el dinero originalmente pertenecía a Irán y que no había forma de transferirlo electrónicamente debido a las sanciones financieras internacionales. Por ello, el efectivo fue obtenido de bancos centrales en Suiza y los Países Bajos y enviado en un avión de carga sin distintivos.
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Josh Earnest, entonces portavoz de la Casa Blanca, insistió en que la decisión fue estratégica, formando parte del proceso para asegurar que Irán no obtuviera armas nucleares y resolver disputas de larga data.
Sostuvo que el acuerdo ahorró a los contribuyentes estadounidenses miles de millones, ya que Irán reclamaba más de 10.000 millones de dólares en arbitraje. Finalmente, se acordó un pago de 400 millones más 1.300 millones en intereses.
El mismo día del pago y la liberación de los prisioneros, Estados Unidos también impuso nuevas sanciones a Irán por sus pruebas de misiles balísticos, mientras descongelaba entre 50 y 150 mil millones de dólares en activos iraníes, como parte del acuerdo nuclear. No obstante, funcionarios aclararon que Irán solo podría acceder a unos 50 mil millones después de resolver demandas legales.
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La controversia se intensificó cuando se reveló que la administración Clinton había prometido a víctimas del terrorismo iraní que el fondo de 400 millones se usaría para pagar sus compensaciones. Sin embargo, el acuerdo de Obama implicó devolver el dinero directamente a Irán, dejando que esos pagos provinieran del presupuesto estadounidense.
El Departamento de Estado insistió en que las negociaciones para el reembolso del dinero y la liberación de los estadounidenses fueron independientes y dirigidas por equipos distintos. Aunque Teherán exigió que ambos hechos coincidieran para mostrar logros internos, Washington negó que se tratara de un »quid pro quo».