Por decisión del Gobierno nacional, a partir del 1° de julio comenzará a regir un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. El ajuste, oficializado mediante el Decreto 441/2025, busca recaudar a costa de seguir cargando el peso de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares, mientras se beneficia a los grandes grupos económicos y exportadores.
¿Qué implica el nuevo aumento?
Los combustibles sufrirán un aumento en su carga impositiva que inevitablemente se trasladará al precio final en los surtidores. En un contexto de salarios congelados y creciente precarización, el Gobierno avanza con:
Nafta: +$6,62 por litro (ICL) y +$0,41 por litro (IDC). Gasoil: +$8,24 (ICL), +$0,61 (IDC) y +$2,90 adicionales por litro en regiones del interior, donde el transporte y la producción dependen aún más de este combustible.
Aunque el decreto habla de una “aplicación gradual”, el incremento golpeará de lleno el costo de vida. A partir de agosto, el ajuste será mayor: se sumarán las actualizaciones postergadas de 2024 y del primer trimestre de 2025, lo que anticipa nuevos tarifazos.
Un alza que impacta en toda la economía
Este aumento no es aislado. Las petroleras privadas Axion, Shell y Puma ya remarcaron los precios un 5 % la semana pasada, mientras que YPF, que concentra el 55 % del mercado, se prepara para trasladar los nuevos impuestos. En la Ciudad de Buenos Aires, los precios actuales rondan:
Nafta súper: $1.186 por litro
Premium: $1.405 por litro
Gasoil: $1.191 por litro
Con estos valores, el aumento impositivo podría empujar el litro de nafta común cerca de los $1.250 en julio y aún más en agosto, impactando en cascada sobre alimentos, transporte y todos los bienes de consumo popular.
Ajuste para el pueblo, privilegios para los grandes intereses
Mientras el Gobierno se excusa detrás de la necesidad de “normalizar” los impuestos postergados durante años, lo cierto es que elige el camino de la recaudación regresiva: meterle la mano en el bolsillo a quienes dependen del transporte público o de sus vehículos para trabajar. Todo, mientras se mantienen intocados los privilegios de los grandes exportadores, petroleras y bancos que siguen acumulando ganancias millonarias.
En definitiva, este nuevo impuestazo confirma el carácter del ajuste: un plan económico al servicio de los poderosos, que profundiza la recesión, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.