“Comprá, no te la pierdas campeón ”. Con esa chicana el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a quienes consideran que el dólar está barato actualmente. Tras esa frase el dólar se movió y la cotización minorista cerró la semana en $1260 en el Banco Nación, un aumento de 5% en una semana. El viernes tocó un nuevo récord desde la flexibilización del cepo en abril y a la vez es la más alta del año. Parece que los «campeones» o digamos especuladores no confían en el plan de Caputo.
El dólar mayorista aumentó $9 hasta los $1.240 y quebró un nuevo récord nominal desde el debut de las bandas de flotación. En la semana, acumuló un alza de $51 (+4,3%). El dólar blue subió $5 hasta los $1.230 y los financieros también aumentaron, el MEP trepó hasta los $1.246,92 y el CCL hasta $1.249,12. Cabe destacar que, este último es un precio de referencia, ya que en Estados Unidos no hay cotización.
¿Por qué sube el dólar? El fallo de YPF y el fin de la alta temporada de liquidación del sector agroexportador explican el aumento del tipo de cambio, según el último reporte de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia de Buenos Aires. También se conoció un informe del banco estadounidense J.P. Morgan que sugirió desarmar las «apuestas al carry trade».
El documento del Banco Provincia advierte sobre dos factores estructurales que presionan la cotización del billete verde: el déficit de cuenta corriente (salen más dólares de los que ingresan) y la incertidumbre respecto a los pagos de la deuda. Los “mercados” se preguntan “cómo hará el Estado Nacional para cancelar sus compromisos de deuda de 2026 y 2027, que superan los U$S30.000 millones -y que rozan los U$S40.000 millones si sumamos los pendientes para la segunda mitad de 2025”.
El Gobierno decidió atar el dólar para desacelerar la inflación. Esto provocó una caída del superávit comercial de bienes aceleradamente y en servicios existe un déficit, explicado entre otras cuestiones, por la suba del turismo argentino en el extranjero y por la baja del ingreso de turistas al país. Según publicó el Indec, en el primer trimestre del año la cuenta corriente fue deficitaria por casi U$S5.200 millones. Este rojo se explicó por el déficit de la balanza de servicios y por el pago de intereses de la deuda externa y otras rentas, mientras que la balanza de bienes fue superavitaria (la relación entre lo que el país exporta y lo que importa), pero no alcanzó para cubrir el déficit. Por estos motivos la presión sobre el dólar continuará en los próximos meses y podría acelerarse de cara a las elecciones de octubre.
¿Vienen los dólares del Fondo?
El Gobierno espera por un nuevo desembolso del FMI de U$S 2.000 millones correspondiente a la primera revisión del acuerdo de facilidades extendidas para fortalecer las reservas en estos meses donde la liquidación de las patronales agrarias será más bajo. Caputo incumplió la meta de reservas del acuerdo con el Fondo y por eso la delegación argentina en Washington presentó un pedido al FMI para obtener un perdón (“waiver”). Todavía no hay respuesta del organismo.
El Fondo mira atentamente las reservas porque quiere garantizar los beneficios del capital financiero internacional y asegurar los futuros pagos de deuda. Como ya hizo el FMI en otras ocasiones presionará para imponer una devaluación. Pero esto implicará un golpe a los ingresos del pueblo trabajador por la vía inflacionaria. El resultado final de toda devaluación es una transferencia de ingresos desde quienes viven de sus salarios u otro tipo de ingresos no indexados por inflación hacia el capital más concentrado. Milei y Caputo se niegan a devaluar porque pretenden llegar a las elecciones sin sobresaltos no porque les interese proteger el bolsillo de los trabajadores. Luego de octubre pretenden avanzar con más ajuste y contrarreformas (reforma laboral y previsional).
¿Qué hacer? Para evitar la fuga, la sangría de dólares y las maniobras de las grandes empresas, es necesaria la estatización del comercio exterior bajo administración de los trabajadores y la nacionalización del sistema bancario en un banco estatal único, gestionado por sus trabajadoras y trabajadores, una medida fundamental para que los depósitos particulares de los pequeños y medianos ahorristas no terminen siendo expropiados como ocurrió con el plan Bonex de 1991 o el “corralito” de 2001, y que el ahorro nacional se destine a crear créditos baratos para acceder a la vivienda, o para los pequeños comerciantes golpeados por la crisis.
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