Cristina Kirchner, en el balcón de su departamento en San José 1111, Constitución.
La Cámara de Casación Penal lleva a cabo este lunes una audiencia crucial para debatir el régimen de cumplimiento de la condena impuesta a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El tribunal, conformado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, escuchará a las partes para decidir si la expresidenta continuará con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, o si, como pide la fiscalía, será trasladada a una cárcel común.
A partir del mediodía, las partes presentarán sus argumentos frente a la sala, que tiene la última palabra en esta controversia. La audiencia no es un mero trámite: se discutirá si Cristina debe seguir cumpliendo su condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en su domicilio de San José 1111, o si, tal como reclaman los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, debe ser trasladada a una prisión del Servicio Penitenciario Federal.
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Además, se analizarán las restricciones de visitas impuestas a la expresidenta y el uso de la tobillera electrónica, una medida que su defensa considera innecesaria y estigmatizante.
Para la fiscalía, la prisión domiciliaria no es compatible con la gravedad del fallo, y argumentan que Cristina debe cumplir su pena «como cualquier otro condenado». En su apelación ante Casación, los fiscales advirtieron que «la justicia debe garantizar que las penas por corrupción se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios previstos al efecto».
Aunque reconocen que no todos los condenados en el caso Vialidad están presos (Nelson Periotti ya tiene domiciliaria por edad, José López la pidió como testigo protegido y Raúl Pavesi aguarda definición), Luciani y Mola sostienen que «no existe impedimento real alguno» para que Cristina Kirchner sea alojada en una unidad carcelaria común.
Incluso, los fiscales cuestionan las condiciones del actual domicilio en Constitución, alegando «falencias de seguridad» a pesar de un informe oficial que lo declaró «apto al cien por ciento», y pidieron que, de mantenerse la domiciliaria, se disponga otro inmueble.
La defensa de la exmandataria, liderada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, planteará la postura opuesta. Argumentarán que la expresidenta debe seguir cumpliendo la pena en su domicilio y sin tobillera, ya que se encuentra bajo la custodia de la Policía Federal.
Los abogados sostendrán que no hay riesgo de fuga, que nunca incumplió órdenes judiciales y que la prisión domiciliaria «no constituye ningún privilegio», sino una condición necesaria tras el intento de magnicidio que sufrió en 2022.
«El uso de una tobillera electrónica es completamente innecesario porque la vigilancia personal es permanente. No existe ni siquiera en forma remota un peligro procesal», expresaron en sus escritos.