El anuncio de Neuquén y Río Negro sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional por las represas del Comahue marca un punto de inflexión en la relación histórica entre las provincias y la Nación en materia hidroeléctrica. Por primera vez, se reconoce en un marco contractual que el agua pertenece a las jurisdicciones provinciales y que el uso de ese recurso genera derechos económicos adicionales.
El pacto llega en un contexto de prórrogas sucesivas. Las concesiones originales, firmadas en la década de 1990, vencieron en 2023. Desde entonces, se sucedieron extensiones que mantienen la operación en manos de las actuales compañías: el grupo italiano ENEL en El Chocón, la estadounidense AES en Alicurá, la local Aconcagua Energía en Cerros Colorados y Central Puerto en Piedra del Águila.
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Lo que cambió con el acuerdo
El nuevo esquema incorpora, entre otros puntos:
* Regalías sobre la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando exclusiones vigentes.
* Un canon específico por el uso del agua, que antes no existía.
* Fondos destinados a obras de seguridad hídrica, definidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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* La posibilidad de cobrar regalías en especie, es decir, recibir energía para consumo local o reventa.
* El precio de la energía en dólares, lo que asegura previsibilidad en los ingresos provinciales.
* Según las estimaciones oficiales, las mejoras podrían representar un salto significativo en la recaudación provincial, al tiempo que consolidan el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de un recurso estratégico.
Lo que sigue pendiente
El proceso de licitación aún no se concretó. El Gobierno nacional prorrogó nuevamente las concesiones hasta diciembre de 2025 y prevé lanzar la compulsa internacional en los próximos meses. La licitación definirá quiénes operarán las centrales durante los próximos 30 años y bajo qué condiciones.
En paralelo, subsiste la discusión de fondo: ¿cuánto control real tendrán las provincias sobre la generación hidroeléctrica, más allá de los nuevos ingresos? La energía seguirá en manos privadas y el grueso de la producción se destinará a CAMMESA, aunque con mayor flexibilidad para la libre disponibilidad.
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Un punto en común
El acuerdo logrado muestra un hecho político relevante: Neuquén y Río Negro negociaron en bloque, algo poco habitual en la historia reciente. “Este es un triunfo de la unidad norpatagónica”, afirmaron los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. El gesto no solo apuntala la estrategia regional en la discusión energética, sino que también refuerza la idea de que el poder de negociación aumenta cuando se actúa de manera conjunta.
El trasfondo histórico
Desde hace más de tres décadas, las provincias reclaman mayor participación en la renta hidroeléctrica. La Corte Suprema, en 2009, ya había advertido sobre la necesidad de obras de seguridad hídrica en las represas, algo que ahora quedó incluido en los plazos contractuales. La incorporación de un canon por el agua, en tanto, representa un cambio estructural: convierte en ingreso fiscal un recurso que hasta ahora no generaba compensación directa.
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El esquema acordado abre una nueva etapa, pero no resuelve la discusión sobre el modelo energético. El Estado nacional proyecta recaudar entre 400.000.000 y 500.000.000 de dólares con la licitación, mientras que las provincias aspiran a que la mayor porción de esos fondos se traduzca en desarrollo local.