La preocupación crece en Comodoro Rivadavia por el cierre de la oficina local de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la paralización de la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya lleva algunos días sin funcionar. Ambas dependencias nacionales resultan vitales para miles de vecinos de la ciudad petrolera.
El reclamo fue planteado públicamente por funcionarios municipales, referentes de instituciones y familias, que advierten que la situación agrava la vulnerabilidad de quienes dependen de estas oficinas para gestionar pensiones, reclamos y prestaciones básicas.
Luciana Bordón, Gabriela Simunovic y Silvina Casas, este lunes, durante la conferencia de prensa.
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Trámites sin respuesta
La secretaria de Salud municipal, Gabriela Simunovic, explicó que el problema trasciende la falta de infraestructura. “Muchas personas con discapacidad no tienen la posibilidad de hacer trámites online, ya sea por limitaciones sensoriales o porque no cuentan con acceso a internet. No se trata solo de usar un teléfono o una computadora; hay quienes necesitan atención presencial”, advirtió.
La funcionaria señaló que el cierre de la ANDIS y la inactividad de la Superintendencia impactan directamente en la vida cotidiana de las familias. “Las personas con discapacidad ya enfrentan problemas con obras sociales y prepagas. Y ahora, con estas oficinas cerradas, no hay dónde reclamar ni cómo canalizar las demandas. Parece un ensañamiento constante: se pone a prueba a las familias hasta ver cuál es su límite”, expresó.
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Impacto directo en la comunidad
Desde la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Luciana Bordón detalló que la articulación con la oficina local de la ANDIS permitía al menos orientar a las familias. “Si faltaba documentación, nos enterábamos y podíamos ayudar. Ahora lo único que tenemos son correos o chats que rara vez contestan. Esto nos limita muchísimo y afecta a una población que ya tiene múltiples barreras”, dijo.
Bordón agregó que la geografía de Comodoro complica aún más la situación. “Hay personas que vienen desde los kilómetros, que deben tomar dos colectivos para llegar al centro. Con las oficinas cerradas, la única alternativa es depender de canales digitales que no funcionan, lo que es un golpe directo a los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
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El reclamo del Consejo de Discapacidad
Por su parte, Silvina Casas, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, subrayó que la incertidumbre genera angustia en las familias. “Hay personas que fueron citadas para auditorías en julio y nunca recibieron una respuesta desde Buenos Aires. Ahora, con las oficinas cerradas, no saben dónde reclamar ni cómo continuar los trámites”, explicó.
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Foto: NA
Casas remarcó además que la Superintendencia de Salud cumplía un rol fundamental para toda la población. “No solo se atendían allí casos de discapacidad, sino también reclamos de personas con problemas de salud graves o de riesgo de vida. Hoy no tenemos información de si volverá a abrir, y eso genera aún más preocupación”.
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Reclamo político y social
Las autoridades locales informaron que ya se presentaron notas ante el Concejo Deliberante y que se busca elevar el reclamo a nivel nacional. “Sabemos que desde lo legislativo tenemos pocas herramientas más que visibilizar el problema. Pero no vamos a dejar de plantearlo en cada espacio posible”, sostuvo Simunovic.
Mientras tanto, las familias denuncian cada vez más recortes y mayores dificultades para sostener tratamientos prolongados. Muchas ya advierten que, al perder sus empleos, dejarán de contar con obra social o cobertura privada. “Eso va a colapsar el sistema municipal de atención, porque no vamos a poder dar respuesta a todas las necesidades”, advirtió Casas.
El cierre de estas oficinas deja en evidencia la fragilidad del acceso a derechos básicos. “Son los sectores más vulnerables los que pagan las consecuencias de los recortes”, concluyeron las referentes.