La Cámara Federal de Casación Penal realizó una audiencia para evaluar el avance en la causa iniciada en 2009, sobre la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), adjudicada a la organización Montoneros.
Hace un año, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura del caso, impulsado por defensores de los genocidas: desde la propia vicepresidenta Victoria Villarruel hasta un represor condenado a prisión perpetua, Eduardo Kalinec. Un claro guiño de la Justicia a favor del negacionismo del gobierno nacional, como denunció Myriam Bregman en aquel momento.
El objetivo que persiguen los defensores de delitos de lesa humanidad es intentar que se juzgue a militantes de los años ´70 por el atentado a la Superintendencia –donde funcionaba un centro clandestino de detención–. En representación de Patricia Walsh, hija del reconocido escritor y militante de esa organización, la reconocida abogada de DDHH denunció el intento de reapertura “atado a la búsqueda de impunidad de los genocidas y a lograr beneficios para los ya condenados. Buscan una especie de empate, emparejar, para lograr la impunidad”.
En una sala desbordada por la presencia de numerosos familiares de víctimas del genocidio y organismos de DDHH y varios medios de comunicación, la abogada de causas de lesa humanidad, Liliana Mazea reprochó la decisión de la Cámara Federal de tener por parte a Kalinec condenado a perpetua por crímenes en los centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo, sin que hayan presentado algún certificado que demuestre que fue afectado en el atentado que denuncia. También impugnó la sentencia de la Cámara ante la pretensión de cambiar la calificación de delitos de lesa humanidad que requieren de la participación del Estado: “Nos agravia que digan que los particulares pueden cometer delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, declaró Mazea.
Myriam Bregman, por su parte, comenzó afirmando que el fallo de la Cámara Federal está «permeado» por la coyuntura política, en la búsqueda del avance de la impunidad de los represores. Y expresó la preocupación por que «la pretensión de legitimar lo ocurrido en la dictadura prepare el terreno para que las Fuerzas Armadas puedan tener un rol en la represión interna».
“Quienes hoy aparecen con el dedo acusador, ¿qué eligieron hacer cuando tenían todo el poder del Estado?”, preguntó Bregman, y siguió: “Sembrar cadáveres”. Mencionó como represalias al atentado a la Superintendencia la Masacre de Fátima y la Masacre de San Patricio. Y citó, como «testimonio brutal», las estadísticas del libro de entradas de la morgue judicial, que da cuenta del ingreso de 1o o 2 cuerpos NN por día, mientras que desde el 3 al 7 de julio de 1976, el número trepó a 46. «Teniendo el aparato administrativo y judicial en su poder, no lo usaron. Es más, años después, armas en mano pujaron por el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos. No es serio que vengan a reclamar ’verdad y justicia’ en 2025″.
La diputada mostró también cómo la elección de imputar a Patricia Walsh –la única sobreviviente de la familia y que nunca integró Montoneros– solo puede estar vinculada a su autoría en la ley 25.779, que propició la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final: «De avanzarse contra ella, esta Cámara estaría regulando la venganza». Y consideró la aceptación de Kalinec, uno de los condenados a partir de la nulidad de esas leyes, «una provocación».
Los intentos de avanzar en la causa tienen la intención de «transformar los pasillos de los tribunales federales de todo el país en un desfile de militantes o de aquellos que resistieron a la dictadura”, dijo Bregman. También hicieron uso de la palabra el defensor oficial y el representante legal de Firmenich, Gustavo Maradini Drago, que se expresaron en el mismo sentido que las abogadas antecesoras.
En la sala se encontraba el abogado José Sacheri, conocido por haber reclamado una “amnistía general” durante un acto en Plaza San Martín, en 2006, y un puñado de personas defensoras de genocidas en una actitud claramente provocadora. A tono con la intervención de los abogados querellantes, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, que participaron de manera virtual, negaron la existencia del terrorismo de Estado y solo hablaron de “operaciones quirúrgicas” por parte de las Fuerzas Armadas. Ambos abogados miembros de la organización que participó de los intercambios para la concreción de las visitas de diputados mileístas a Alfredo Astiz y a otros genocidas presos, Saint Jean, hijo del gobernador bonaerense durante la dictadura, intentó instalar la idea de que Montoneros contaba con respaldo internacional, citando a Chile y Cuba y hasta el “Estado palestino”, que provocó burlas en la audiencia.
En el público estuvieron presentes importantes referentes, familiares y sobrevivientes y de organizaciones de Derechos Humanos como Elsa Pavón (cofundadora de Abuelas y presidenta de la Asociación Clara Anahí), Victoria Montenegro, Alejandrina Barry, Luis Zamora, Margarita Cruz, María Laura Bretal, Rufino Almeida, Carlos Loza; Nora Zaldúa y Andrea Robles, el grupo de apoyo a la Ronda de Madres LF, CELS, Nietes. Los diputados Christian Castillo y Vilma Ripoll, Marga Noia (secretaria de DD.HH. CTA Autónoma), María Laura Bretal (CCD La Cacha – Colectivo Las Azucenas), Susana Ancarola (Ate Sur), Mirta Israel de Pañuelos en Rebeldía, Liberpueblo y Venceremos, Matías Aufieri, Carlos Platkowski, Lilén Reyes y Leo Deza, del Ceprodh.
En las próximas horas será publicada una declaración de numerosos referentes y organizaciones de DDHH que se siguen sumando –el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros– a la exigencia por el cierre de esta causa amañada al servicio de la impunidad de los genocidas.