En un operativo de seguridad sin precedentes para la región, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la fiscal general Verónica Raquel Escribano, procedió a la incineración de más de 65 kilogramos de drogas secuestradas en investigaciones llevadas a cabo durante el primer año de vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
El material destruido, que había sido acumulado como evidencia en causas por infracción a la Ley 23.737, está compuesto por aproximadamente 59 kilogramos de cannabis sativa (marihuana) y 6 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado negro superaría ampliamente los millones de pesos.
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La medida se enmarca en las nuevas disposiciones del sistema acusatorio, que agilizan los procesos de destrucción de sustancias una vez cumplidas las etapas probatorias en sede judicial.
“Este procedimiento da cuenta de la transparencia y la celeridad que busca imprimir el nuevo sistema de enjuiciamiento”, señalaron desde la Fiscalía.
Un operativo con múltiples fuerzas y colaboración privada
La logística requirió un masivo despliegue de seguridad. El traslado y custodia de la droga hasta el horno de incineración estuvo a cargo del Escuadrón 41 «Comodoro Rivadavia» de Gendarmería Nacional, comandado por el capitán Manuel Vicente Romero.
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En un claro mensaje de trabajo interfuerzas, al operativo se sumaron efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería, la División Drogas Peligrosas de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y la Policía de la Provincia del Chubut. Muchos de estos agentes habían participado originalmente en los allanamientos y secuestros que dieron origen a la evidencia.
Para el proceso técnico de destrucción, la Fiscalía contó con la colaboración de la empresa local Clean Patagonia SRL, especializada en gestión ambiental, que proporcionó el personal técnico, operativo y la tecnología adecuada para una disposición final segura y conforme a la ley.
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La quema de este importante volumen de estupefacientes no es solo un hecho administrativo. Representa el primer gran acto de destrucción material bajo el paraguas del nuevo CPPF en la jurisdicción, simbolizando un paso hacia la eficiencia en la gestión de evidencias y un golpe contundente al circuito del narcotráfico en la Patagonia.
“Esto cierra el ciclo de una serie de investigaciones exitosas y libera capacidad de almacenamiento, pero, sobre todo, envía un mensaje claro a la sociedad: las drogas incautadas se destruyen. No vuelven a la calle”, afirmó una fuente judicial cercana al procedimiento.
La Fiscalía anticipó que este tipo de procedimientos se repetirá periódicamente a medida que más causas vayan alcanzando la etapa de destrucción de evidencias, consolidando una práctica que busca ser más ágil, transparente y segura.