La República Argentina cumplió con la orden de la jueza Loretta Preska y presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una declaración jurada vinculada al estado y la localización de las reservas de oro del Banco Central.
La presentación se dio en el marco del juicio por la expropiación de YPF, donde los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia por 16.100 millones de dólares.
El escrito fue elevado como respuesta al pedido impulsado por los beneficiarios del fallo, encabezados por Burford Capital, que intentan avanzar sobre bienes del Estado argentino para garantizar el cobro de la condena. En ese contexto, el Gobierno dejó en claro que el oro del BCRA no puede ser considerado un activo alcanzable por la ejecución judicial.
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Clarín.com
Uno de los ejes centrales de la defensa argentina fue el argumento de seguridad nacional. Según explicó el periodista Sebastián Maril, el Estado sostuvo que divulgar información sensible —como la ubicación exacta del oro, los custodios, las rutas de traslado o los mecanismos de resguardo— excede cualquier obligación procesal y representa un riesgo concreto para el país.
En la presentación, se advirtió que una eventual exposición de esos datos podría afectar la gestión diaria de las reservas internacionales, comprometer la seguridad física del metal y generar impactos negativos en el sistema financiero. También se alertó que ese nivel de transparencia forzada podría incidir en la política cambiaria y en la confianza sobre el respaldo de los depósitos bancarios.
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La estrategia jurídica se apoya, además, en la autonomía del Banco Central. El Gobierno reiteró que las reservas pertenecen exclusivamente al BCRA, una entidad autárquica e independiente del Poder Ejecutivo, cuyos activos gozan de inmunidad de ejecución. Bajo ese criterio, el oro sería inembargable tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones, incluido el Reino Unido y la Argentina.
YPF
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una aclaración personal ante el tribunal. En su escrito, sostuvo que no posee información no pública sobre las cuentas ni sobre la ubicación del oro del Banco Central, y que cualquier manifestación previa realizada sobre el tema se basó únicamente en datos difundidos por medios de comunicación.
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Con esta presentación, el Gobierno busca reforzar la separación institucional entre el Tesoro y el Banco Central, un punto clave en la causa. El objetivo es evitar que la Justicia estadounidense considere a la autoridad monetaria como un “alter ego” del Estado nacional y, de ese modo, habilite el avance sobre activos que Argentina considera protegidos por inmunidad soberana.