La nueva Ley de Modernización Laboral fue aprobada por el Congreso el viernes pasado, pero todavía no está vigente. Para que comience a regir, resta un paso formal clave.
Se trata de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y su posterior publicación en el Boletín Oficial. Recién a partir de esa publicación la norma entrará en vigor y sus disposiciones pasarán a ser obligatorias.
En términos prácticos, esto implica que, hasta que el texto no sea promulgado y publicado, siguen aplicándose las reglas actuales de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744). Una vez que el Ejecutivo formalice la promulgación —algo que se espera ocurra en los próximos días, aunque sin fecha confirmada—, la reforma comenzará a desplegar sus efectos.
Sin embargo, no todos los cambios tendrán impacto inmediato. Si bien buena parte de las modificaciones son operativas desde el mismo momento de la entrada en vigencia, varios artículos prevén la intervención de la “Autoridad de Aplicación” o remiten expresamente a futuras reglamentaciones.
Esto significa que ciertos aspectos deberán ser reglamentados mediante decretos o resoluciones administrativas para poder implementarse plenamente.
Uno de los puntos que requerirá desarrollo reglamentario es el Fondo de Asistencia Laboral, cuya estructura, financiamiento y funcionamiento deberán definirse por vía administrativa. Sin esa reglamentación, el esquema no podrá ponerse en marcha en la práctica.
También hay otros artículos que dejan márgenes abiertos a definiciones posteriores. Por ejemplo, el nuevo régimen de beneficios sociales establece límites y condiciones que deberán ser determinados por la Autoridad de Aplicación, en especial en lo referido a servicios de comedor, reintegros y otros conceptos no remunerativos.
Lo mismo ocurre con ciertos componentes remunerativos variables que podrán incorporarse por negociación colectiva o decisión del empleador, cuya implementación concreta dependerá en parte de cómo se reglamenten aspectos formales.
En materia de jornada laboral, la posibilidad de acordar sistemas de compensación de horas extras o bancos de horas exige que el mecanismo se formalice por escrito y respete límites legales, pero además abre la puerta a acuerdos que podrían requerir precisiones reglamentarias para su control y registración.
Algo similar sucede con el contrato a tiempo parcial, donde las prestaciones de la seguridad social deberán determinarse “reglamentariamente” en función del tiempo trabajado y los aportes efectuados.
La reforma también introduce cambios en los sistemas de registración laboral, concentrando el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y estableciendo que esa registración será suficiente a todos los efectos, de acuerdo con la normativa que ese organismo dicte. Es decir, parte del funcionamiento concreto del nuevo esquema dependerá de resoluciones complementarias.
NE