El Poder Ejecutivo presentó finalmente en el Congreso el proyecto de “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta”, conocida como ley hojarasca, una iniciativa largamente anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar decenas de leyes vigentes desde el siglo XIX hasta la actualidad, consideradas inútiles, superadas o contrarias a principios constitucionales.
El texto volvió a ingresar al Parlamento luego de que una versión anterior, enviada en octubre de 2024, perdiera estado parlamentario. En esta ocasión, el proyecto retoma aquellos fundamentos y amplía el alcance de la depuración normativa, con el objetivo explícito de reducir burocracia, desmontar regulaciones innecesarias y reafirmar el principio de libertad individual.
En el mensaje de elevación, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Sturzenegger, el Gobierno sostiene que el sistema republicano “enfrenta hoy un permanente cuestionamiento” y que ello obliga a “relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales”.
“La revisión legislativa apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”, señala el texto, que recupera un lema caro al ideario liberal: “Cuantas más leyes, menos justicia”.
Uno de los ejes conceptuales del proyecto es la crítica a la sobrerregulación estatal. En ese sentido, el mensaje oficial afirma que durante el siglo XX se impuso una lógica según la cual los derechos debían ser “concedidos” por ley, cuando en realidad son inherentes a las personas. “Se pasó así de una libertad plena a una libertad concedida y limitada por el poder de turno”, advierte, citando el artículo 19 de la Constitución Nacional para reafirmar que todo lo que no está prohibido está permitido.
Bajo ese criterio, la iniciativa propone derogar o modificar más de cien normas, que el propio texto clasifica en seis grandes grupos. Entre ellas aparecen leyes que fueron reemplazadas por marcos normativos posteriores más amplios, normas superadas por el avance tecnológico, disposiciones que afectan libertades individuales, regulaciones burocráticas redundantes, leyes referidas a organismos que ya no existen y normas que financian entidades del sector público con fondos estatales.
El proyecto incluye ejemplos que van desde leyes decimonónicas hasta disposiciones dictadas durante gobiernos de facto. Entre las normas que se propone derogar figuran una ley de 1864 que inhabilitaba por diez años a autoridades que aplicaran azotes —pena abolida constitucionalmente desde el siglo XIX—, leyes que premiaban el descubrimiento de minas de carbón, regulaciones sobre microfilmación de documentos oficiales y normas que autorizaban o exigían la televisión a color.
También se incluyen disposiciones de fuerte contenido político e institucional, como una ley de 1951 que imponía penas de prisión a los argentinos que propiciaran sanciones económicas o políticas contra el Estado, o normas que regulaban reuniones en lugares privados, imponían un “carnet de mochilero” obligatorio para quienes viajaban “a dedo”, o creaban fondos y organismos destinados a intervenir en sectores estratégicos de la cultura y la comunicación.
“Muchas de estas normas fueron dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía”, sostiene el mensaje del Ejecutivo, que cuestiona especialmente la herencia normativa de gobiernos militares y advierte sobre los costos económicos y sociales de la burocracia innecesaria. “Cada trámite adicional suma tiempo, esfuerzo y dinero que se pierden no solo en cumplir las normas, sino en conocer cuáles son ellas”, agrega.
En el plano económico, el proyecto apunta a eliminar leyes que, a juicio del Gobierno, encarecen procesos productivos o desalientan la inversión. En ese marco, se propone derogar normas que obligaban al Estado a comprar exclusivamente productos de la industria nacional, que imponían restricciones a la inversión extranjera en medios de comunicación o que creaban fondos específicos y comisiones sin resultados comprobables.
El texto también avanza sobre el financiamiento estatal de entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, proponiendo que continúen funcionando, pero sin aportes del Estado nacional. “Los legisladores que quieran participar podrán hacerlo con sus propios fondos”, plantea el proyecto en un capítulo que promete abrir un debate político intenso.
Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa no implica una desprotección de derechos adquiridos. De hecho, el articulado prevé que quienes actualmente gozan de beneficios establecidos en leyes que se derogan, como el padrinazgo presidencial, puedan optar por mantenerlos.
“La eliminación de estas normas no implica un vacío regulatorio”, aclara el mensaje, y subraya que muchos de los objetivos que aquellas perseguían hoy pueden ser cumplidos desde estructuras administrativas de menor jerarquía o mediante marcos normativos más modernos.
Fuente: Parlamentario