El oficialismo envió al Senado la iniciativa para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. La reforma requiere mayorías especiales y modificaría la selección de candidatos en Chubut.
Por tratarse de materia electoral, la Constitución exige consensos amplios en el recinto parlamentario. El oficialismo se enfrenta al desafío de reunir mayorías especiales para lograr la sanción de la ley, lo que implica alcanzar 37 votos afirmativos en la Cámara Alta y 129 voluntades en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo eligió al Senado como cámara de origen para iniciar el tratamiento del proyecto, previendo un escenario de negociación más favorable.
Tras su ingreso formal durante las últimas horas, la iniciativa debe cumplir con el giro a las comisiones correspondientes, como Asuntos Constitucionales. Este representa el paso reglamentario oficial y obligatorio para lograr un dictamen antes de que las autoridades de la cámara fijen una fecha exacta para el debate en el recinto.
Uno de los ejes más resonantes de la reforma es la eliminación total de las PASO. De concretarse esta modificación, el escenario político en distritos como Chubut experimentará una transformación directa en la forma de definir a los representantes para cargos nacionales. La medida obligará a las alianzas y partidos provinciales a reestructurar por completo sus estrategias de selección de candidatos de cara a los próximos comicios.
Nuevas reglas para la competencia electoral
Bajo el esquema propuesto, las agrupaciones políticas recuperan el control exclusivo de sus procesos internos. Serán los propios espacios quienes deban dirimir a sus postulantes a través de mecanismos propios y presentarlos ante la justicia electoral noventa días antes de las elecciones generales. Esta modificación estructural establece un nuevo cronograma de plazos en el calendario cívico.
El texto también apunta a reestructurar el régimen de los partidos políticos y eleva las exigencias para competir en la carrera presidencial. La normativa busca incrementar de cinco a diez la cantidad de distritos provinciales en los que un espacio debe contar con reconocimiento legal para ser considerado de orden nacional. La nueva exigencia obliga a las fuerzas a expandir su armado territorial y endurece las condiciones generales para mantener la personería jurídica.