Este martes comenzó el juicio oral y público contra dos exfuncionarios de la Dirección de Vialidad Provincial, acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público por hechos ocurridos entre enero y febrero de 2024.
Este martes comenzó en la provincia el juicio oral y público contra dos exfuncionarios de la Dirección de Vialidad Provincial, acusados de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por hechos ocurridos entre enero y febrero de 2024. El proceso judicial se desarrolla ante un tribunal mixto integrado por jueces técnicos y ciudadanos, con la intervención del fiscal Lucas Papini, la participación de la Fiscalía de Estado como querellante y la defensa particular de los imputados.
Durante la primera jornada del debate, a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el tribunal junto a las partes se trasladó a una cantera y al camino donde se habría utilizado el material cuestionado, con el objetivo de observar el lugar y contrastar la prueba presentada en el expediente. En ese contexto, el fiscal explicó que la medida busca facilitar la comprensión del caso. “Es el mejor modo de que se conozca claramente a qué se refieren los testigos y las demás pruebas”, sostuvo.
Según la acusación, los exfuncionarios habrían autorizado la extracción de aproximadamente 3.600 metros cúbicos de material árido desde la Cantera Arroyo Fontana, que luego habría sido destinado a una obra privada en lugar de utilizarse en trabajos públicos. La fiscalía también sostiene que no habría existido un convenio formal que respaldara la utilización del material, y que se habrían evitado controles y registros sobre el retiro de los camiones. Además, se menciona que un responsable del área habría sido desplazado de su cargo mediante un memorándum tras oponerse a la maniobra.
El perjuicio económico estimado para el Estado ascendería a $4.320.000. La Fiscalía de Estado acompaña la acusación y adhiere a la postura del Ministerio Público Fiscal, en el marco de un proceso que busca determinar responsabilidades penales.
Por su parte, la defensa de los exfuncionarios rechazó las imputaciones y aseguró que no existió delito. Argumenta que no hubo beneficio irregular a terceros, ni intención delictiva, y que las decisiones cuestionadas se enmarcaron dentro de procedimientos administrativos habituales del organismo.
El juicio continuará en los próximos días con la declaración de testigos y la producción de pruebas, en un caso que deberá determinar si hubo un uso irregular de bienes públicos o decisiones administrativas dentro de las funciones de los acusados.