El Gobierno de Mendoza extendió la explotación del área Cajón de los Caballos, en Malargüe, por una década. La medida incluye un plan de perforación exploratoria y una alícuota reducida de regalías del 7%.
El Gobierno de Mendoza formalizó la prórroga por diez años de la concesión de explotación hidrocarburífera del área Cajón de los Caballos, ubicada en el departamento de Malargüe, mediante el Decreto 864. La concesión quedó en manos de la UTE conformada por Desarrollos Petroleros y Ganaderos SA y Compañía General de Combustibles SA (CGC), dos operadoras con experiencia en producción convencional en el sur del país.
La extensión no es una renovación rutinaria. El plan aprobado contempla la perforación de un nuevo pozo con objetivo de exploración complementaria en la zona de Los Alpatacos, reparación de pozos existentes, reprocesamiento de información sísmica y la elaboración de nuevos modelos técnicos. En términos de inversión, el compromiso asumido supera los tres millones de dólares a lo largo de la nueva etapa concesional.
Uno de los elementos clave para viabilizar el acuerdo fue la definición de una alícuota de regalías del 7%, por debajo de los niveles estándar. La medida apunta a mejorar la competitividad del proyecto y generar condiciones para sostener la operación, recuperar pozos y avanzar en nuevas actividades exploratorias en un bloque que enfrenta los desafíos típicos de los yacimientos maduros.
Además de la producción de petróleo, la extensión habilita la posibilidad de poner en valor el potencial gasífero comprobado del área, generando un horizonte temporal adecuado para analizar proyectos vinculados a la comercialidad del gas existente. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, señaló que esta prórroga es una herramienta para transformar un área madura en una nueva oportunidad de inversión, exploración, producción y empleo.
El decreto también establece exigencias ambientales: saneamiento de pasivos, abandono de pozos, seguro ambiental, garantías de cumplimiento e inspección permanente. La decisión se inscribe en una política más amplia para extender la vida útil de los yacimientos, atraer capital privado y fortalecer el rol del Estado como autoridad concedente.