Un estudio del Centro CEPA estimó el costo fiscal anual del régimen de incentivos a grandes inversiones y concluyó que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya estaban en carpeta antes de la ley. El Oleoducto Vaca Muerta Sur y el GNL de Southern Energy concentran el grueso del impacto.
El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) —creado por la Ley de Bases en junio de 2024— le resigna al Estado argentino entre USD 786 millones y USD 1.395 millones por año cuando todos los proyectos aprobados entren en plena producción. Así lo estimó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe publicado el 16 de mayo.
Al 11 de mayo de 2026, el Estado aprobó doce proyectos bajo el RIGI, con una inversión comprometida total de aproximadamente USD 26.680 millones, según el Informe 145 del Jefe de Gabinete ante el Congreso. Los sectores involucrados van desde energías renovables e hidrocarburos hasta minería de litio, cobre, oro y plata, siderurgia e infraestructura portuaria.
El escenario base del CEPA arroja un costo fiscal anual de USD 1.069 millones en régimen de plena operación, previsto entre 2030 y 2033. El componente más pesado es el diferencial en el Impuesto a las Ganancias: el RIGI fija una alícuota del 25% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), frente al 35% del régimen general. Esa diferencia de 10 puntos porcentuales le cuesta al fisco unos USD 545 millones anuales. El segundo componente son los derechos de exportación resignados, que suman unos USD 107 millones anuales y afectan principalmente al litio y la plata.
Para Neuquén y Río Negro, dos proyectos concentran la mayor relevancia. El Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) —consorcio integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa, Shell, Chevron y Pluspetrol— es la obra de mayor impacto macroeconómico del portfolio, con exportaciones potenciales que superan los USD 16.600 millones anuales y una inversión comprometida de USD 2.900 millones. Como el petróleo ya tenía retenciones del 0% antes del RIGI, el costo fiscal se concentra en el diferencial de Ganancias, los aranceles sobre tuberías y equipos, y el IVA pre-operativo.
El otro proyecto clave para la región es la planta de licuefacción de GNL de Southern Energy —consorcio formado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG—, con la mayor inversión del portfolio RIGI: USD 15.156 millones. Contempla dos buques de licuefacción flotante (FLNG) de entre 1,5 y 2,2 millones de toneladas anuales de GNL en la primera fase.
En la fase de construcción actual —2025 a 2028—, el costo fiscal visible es menor: entre USD 300 y USD 560 millones por año, concentrado en aranceles sobre bienes de capital importados y el IVA pre-operativo que el Estado cancela mediante Certificados de Crédito Fiscal (CCF). El escenario base para este período estima USD 430 millones anuales.
La postura oficial sostiene que el Presupuesto «no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal». La lógica detrás es que los proyectos no existirían sin el régimen, por lo tanto no hay recaudación que resignar.
El CEPA refuta esa lectura con un dato concreto: al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente o contaban con estudios avanzados antes de que la ley existiera. Entre ellos están el propio VMOS —anunciado en octubre de 2023—, el parque solar El Quemado de YPF Luz —presentado en noviembre de 2023—, el proyecto de litio Rincón de Litio de Río Tinto y Los Azules de McEwen Copper.
YPF aparece como el actor dominante del régimen: tiene participación directa o protagónica en proyectos que concentran el 68,5% del monto total comprometido, equivalente a USD 18.267 millones sobre los USD 26.679 millones aprobados.
El informe también advierte sobre el impacto del denominado «SuperRIGI», cuyo anuncio reciente contempla una nueva reducción de la alícuota de Ganancias: del 25% al 15%, es decir, 20 puntos porcentuales por debajo del régimen general. Como el diferencial de Ganancias ya es el mayor componente del costo fiscal estimado, esta modificación ampliaría de manera significativa la renuncia recaudatoria del Estado en los próximos años.
El impacto fiscal máximo del RIGI se espera entre 2029 y 2033, cuando la mayoría de los proyectos aprobados alcancen su régimen de producción plena. Para entonces, y con el SuperRIGI en vigencia, la ecuación fiscal podría resultar considerablemente más costosa que la estimada en el escenario base.