La Justicia Federal procesó al director de la Clínica Fecundart, a una empleada administrativa y a un abogado en una causa que investiga presuntos delitos de trata de personas. Las maniobras estarían relacionadas con la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad económica para procedimientos de gestación por sustitución.
La Justicia Federal procesó a tres personas vinculadas a una clínica de fertilidad en Córdoba en el marco de una investigación por presuntos delitos de trata de personas relacionados con embarazos por subrogación. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes firmó la resolución, que supera las 200 páginas.
Los procesados son José Pérez Alzaa, director de la Clínica Fecundart; Paula Liendo, empleada administrativa; y Nicolás Gigena, abogado. La investigación se centra en supuestas maniobras vinculadas con la gestación por sustitución, también conocida como maternidad subrogada o “alquiler de vientre”.
La gestación por sustitución no cuenta con una regulación específica a nivel nacional en Argentina. La práctica es legal siempre que exista autorización judicial previa y que no medie un pago económico, ya que la ley prohíbe la subrogación onerosa. La persona gestante debe actuar de manera voluntaria y solidaria.
Según la investigación, los acusados habrían captado mujeres en situación de vulnerabilidad económica para participar en procedimientos de gestación por sustitución. Entre las presuntas víctimas habría mujeres desocupadas o con hijos a cargo, contactadas a través de bases de datos de donantes de óvulos de la propia clínica.
El juez Sánchez Freytes afirmó que “la instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro” puede constituir una modalidad de servidumbre cuando existe abuso de poder y aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.
La causa también apunta a supuestas transferencias embrionarias realizadas sin la correspondiente autorización judicial, un requisito indispensable en este tipo de procedimientos en el país. Para la Justicia, esto podría haber tenido como objetivo evitar controles sobre el consentimiento informado de las gestantes.
En el fallo, el juez aclaró que “no toda maternidad subrogada es delictiva”, aunque remarcó que puede convertirse en trata de personas cuando existe explotación o coerción sobre la mujer gestante.
La investigación comenzó meses atrás a partir de una denuncia anónima realizada a la Línea 145, destinada a recepcionar casos de trata y explotación de personas. A partir de allí, la Justicia reunió testimonios y documentación que permitieron avanzar con los procesamientos.
En la causa fueron sobreseídas por falta de mérito otras personas, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales.