viernes, 5 junio, 2026
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Dos empresas proponen inversión de US$120 millones para reactivar la Planta de Agua Pesada de Neuquén

Saesa y Spark presentaron una iniciativa privada ante el Estado nacional para poner en marcha la mayor planta de agua pesada del mundo, ubicada en Arroyito, Neuquén. El proyecto prevé 36 meses de obras y la creación de 200 empleos directos.

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, sobre la margen del río Limay en Neuquén, no registra producción comercial continua desde 2017. Saesa y Spark, dos empresas con presencia en el sector energético argentino, formalizaron una iniciativa privada ante el Estado nacional con el objetivo de recuperar el complejo. El plan contempla un desembolso superior a los US$120 millones para modernizar las instalaciones.

Los detalles de la propuesta fueron expuestos por Juan Bosch, presidente de Saesa, durante su participación en el Capítulo 6 de Dínamo, el ciclo de streaming de EconoJournal. Bosch indicó que las gestiones administrativas se iniciaron el pasado 19 de mayo.

La propuesta de Saesa plantea tomar gas de Vaca Muerta como insumo y producir agua pesada (D2O) para el mercado global. La planta separa deuterio a partir de hidrógeno derivado del gas natural, convirtiendo un commodity en un producto de alto valor por kilo.

Bosch identificó un incremento en la demanda internacional vinculado a nuevos desarrollos científicos. «El agua pesada también se usa para la salud. Se usa para medicamentos, inteligencia artificial, semiconductores, microchips y estudios de resonancia magnética. Hay una demanda creciente y un consenso global de que hay un faltante en las industrias vinculadas con el pharma, la salud y la biotecnología», afirmó.

El directivo resumió el impacto macroeconómico: «Argentina tiene la planta industrial de agua pesada más grande del mundo. Es la única del hemisferio sur y es capaz de exportar agua pesada al mundo. El agua pesada es Vaca Muerta transformada en valor agregado, en trabajo, desarrollo y exportaciones».

Plan de obras, concesión y acuerdos con compradores externos

Saesa conformó una alianza estratégica con la firma de ingeniería Spark. El plan integral de obras contempla un horizonte de ejecución de 36 meses para alcanzar la plena operatividad. Los técnicos evalúan la posibilidad de habilitar de forma anticipada la primera de las dos líneas de producción.

El mecanismo legal previsto no transfiere la propiedad del activo público. «La planta va a seguir siendo propiedad del Estado nacional; solamente va a ceder la operación y la comercialización del producido», aclaró Bosch.

Se firmaron memorandos de entendimiento con compradores del exterior, quienes solicitaron acelerar los tiempos para asegurar la provisión del insumo. De cumplirse las proyecciones técnicas, la reactivación permitiría la creación de 200 puestos de trabajo directos en la provincia de Neuquén.

«Lo que me preocupa es vencer la inercia. Tenemos los compromisos de inversión, de provisión de gas y de compra del agua pesada; con foco y determinación, en menos de tres años podemos estar en el top five del mundo», sostuvo Bosch.

Planta parada desde 2017 y contexto de mercado

La PIAP es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y tiene una capacidad de diseño de 200 toneladas anuales. Fue inaugurada en 1993. Desde 2017 la planta no registra producción comercial continua. La interrupción obligó a la CNEA a importar agua pesada desde Rumania para abastecer a las centrales nucleares locales (Embalse y Atucha I y II), que usan ese insumo en reactores de uranio natural.

La Agencia Internacional de Energía señaló que la generación nuclear marcó un récord en 2025 y que seguirá creciendo de forma sostenida hasta 2030, traccionada por nuevos reactores en China, India y Corea y por reinicios en Japón. La mayor parte de esa nueva capacidad usa agua liviana, y el mercado del D2O queda acotado al segmento de uranio natural y a usos industriales y médicos.

El análisis de la propuesta quedó bajo la órbita de los equipos técnicos de la CNEA, quienes deberán evaluar la sustentabilidad del proyecto y los pliegos licitatorios correspondientes.

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