Un efectivo policial que se desempeñaba en el ámbito judicial fue imputado por abusar sexualmente de siete de sus sobrinos. La investigación reveló que el acusado conocía las estrategias defensivas debido a su labor en tribunales.
Un grave caso de abuso sexual intrafamiliar sacude a la provincia de Santa Fe tras la detención de un efectivo policial que, durante años, se desempeñó en funciones dentro del ámbito judicial.
El agente fue imputado este martes por los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, quienes lo señalaron como autor de múltiples abusos sexuales cometidos contra siete de sus sobrinos.
La investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer, quien relató los padecimientos sufridos décadas atrás durante su adolescencia. En su exposición, la víctima mencionó que, además de ella, sus hermanos también habrían sido blanco del agresor.
Tras la intervención del Ministerio Público de la Acusación, se procedió a entrevistar a los ocho hermanos, confirmando que al menos siete de ellos habían sido víctimas de vejaciones, amenazas y abusos que incluyeron acceso carnal.
Uno de los puntos que generó conmoción en el ámbito judicial es el perfil laboral del acusado. Según trascendió, el policía cumplía tareas habituales en los tribunales locales, lo que lo ponía en contacto directo con el sistema de justicia penal.
“Era la persona encargada de acompañar a menores a la Cámara Gesell y asistía a cientos de debates por delitos contra la integridad sexual”, explicaron fuentes cercanas a la investigación.
Esta cercanía con los procesos judiciales le permitía, según los investigadores, conocer de primera mano cómo funcionan las estrategias defensivas y de qué manera se evalúan las pruebas en este tipo de causas, una ventaja que el imputado habría utilizado para intentar ocultar su accionar durante años.
En la audiencia de este martes, la defensa del policía, ejercida por los abogados Lucía Mognaschi y Raúl Sánchez Lecumberri, intentó plantear la prescripción de los hechos denunciados. Sin embargo, el juez Nicolás Falkenberg desestimó el pedido al considerar que, al menos uno de los casos expuestos, mantiene vigencia penal.
Como resultado, el magistrado dictó la prisión preventiva del efectivo, quien permanecerá tras las rejas mientras continúa el proceso. Por decisión judicial, la identidad del imputado se mantiene bajo reserva para evitar la revictimización de los denunciantes, quienes comparten el mismo vínculo familiar y apellido que el agresor.
Con información de El Litoral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR