Una mujer de 50 años fue imputada por daños tras un conflicto vecinal ocurrido en el barrio 72 Viviendas de Sarmiento. La Justicia formalizó la investigación y le impuso una restricción de acercamiento.
La Justicia formalizó una investigación contra una mujer de 50 años, acusada de provocar daños en un vehículo durante un conflicto vecinal ocurrido en el barrio 72 Viviendas de Sarmiento. El episodio derivó, además, en su detención luego de que se negara a acatar las indicaciones del personal policial que intervino para controlar la situación.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho se registró el viernes 19 de junio alrededor de las 18:20. De acuerdo con la denuncia, Yolanda Beatriz Carrillo mantuvo una discusión con una vecina que escaló rápidamente hasta un episodio de violencia. En ese contexto, la mujer habría roto el vidrio lateral izquierdo del automóvil perteneciente a la damnificada.
Un conflicto vecinal que terminó con intervención policial
Tras el incidente, efectivos policiales acudieron al lugar para intentar calmar los ánimos y restablecer el orden. Sin embargo, según se informó durante la audiencia judicial, la imputada se habría negado a colaborar con los uniformados, motivo por el cual fue detenida y trasladada para quedar a disposición de la Justicia.
El caso avanzó rápidamente hacia una audiencia de control de detención y apertura de investigación, donde se analizaron las circunstancias del hecho y las medidas a adoptar para resguardar a la víctima.
La audiencia se desarrolló el viernes por la noche, alrededor de las 22:00, en la sala de audiencias N° 1 de la Oficina Judicial. Allí, el abogado de Fiscalía, Brian Mac Donald, expuso la teoría del caso y describió los elementos probatorios reunidos hasta el momento para sostener la imputación.
El representante del Ministerio Público Fiscal atribuyó a Carrillo la presunta autoría del delito de daño, figura contemplada en el Código Penal para quienes destruyen o deterioran bienes ajenos. Además, solicitó la imposición de medidas de protección destinadas a evitar nuevos conflictos entre las partes involucradas.
Por su parte, la defensora pública Rosa Sánchez no presentó objeciones a los planteos realizados por la Fiscalía. Durante su intervención explicó que, pese a tratarse de un delito considerado menor, en esta oportunidad no sería posible impulsar una salida alternativa del conflicto.
La letrada señaló que su asistida había recibido horas antes el beneficio de una suspensión de juicio a prueba en otra causa penal vinculada a un delito de robo, situación que limita la posibilidad de acceder nuevamente a mecanismos alternativos de resolución.
Durante la audiencia, la defensa hizo referencia a informes elaborados por el Cuerpo Interdisciplinario Forense relacionados con el estado de salud de Carrillo. Aunque no trascendieron detalles del contenido de esos estudios, fueron incorporados al análisis efectuado por las partes y el magistrado interviniente.
Finalmente, el juez Mauro Soza resolvió declarar legal la detención de la imputada y formalizar la investigación preparatoria de juicio para avanzar con el esclarecimiento del hecho. Asimismo, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso una prohibición de contacto y acercamiento entre Carrillo, la víctima y su grupo familiar conviviente, medida que permanecerá vigente mientras continúe la investigación judicial.
Con información del Ministerio Público Fiscal, editada e intervenida por un periodista de ADNSUR