El tribunal revisor ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema para analizar dictámenes contradictorios sobre la muerte del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia.
La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que conmovió a Comodoro Rivadavia, sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que el tribunal revisor integrado por los jueces penales Raquel Tassello y Martín Cosmaro hiciera lugar al pedido de la defensa y ordenara la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los magistrados revocaron así la decisión del juez Alejandro Soñís, que había rechazado el planteo en primera instancia.
Ahora, los peritos del máximo tribunal del país deberán examinar los dictámenes contradictorios que existen en la causa: por un lado, los informes del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut (del 12 de abril, 18 de mayo y 1 de junio) y, por el otro, el dictamen del médico legista Federico Segura, perito de la defensa, del 3 de junio.
Para ello, ya se libró intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la CABA, que tramitará el requerimiento con copias certificadas de la historia clínica, el estudio histopatológico y todos los informes periciales.
Qué deberán determinar los peritos de la Corte
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tribunal revisor estableció dos puntos centrales que deberán ser analizados por los especialistas de la Corte Suprema. El primero es determinar si las lesiones halladas en la parte interna del cuero cabelludo de Ángel tuvieron entidad suficiente para provocarle la muerte.
El segundo punto clave es si debe tenerse en consideración el límite temporal asignado por el informe histopatológico (menor a 12 horas) para las referidas lesiones.
Esta última cuestión es determinante para la causa: si se confirma que las infiltraciones hemáticas se produjeron dentro de las 12 horas previas al fallecimiento, lo que podría modificar la hipótesis investigativa que sostiene actualmente la acusación, según señalaron los jueces.
Postura de la defensa
Tras la resolución judicial, Alejandro Varas, abogado defensor de Michel González y Mariela Altamirano, defendió la medida y aseguró que el objetivo es despejar dudas sobre aspectos médicos que todavía presentan interrogantes. “La defensa tiene derecho a cuestionar las conclusiones periciales cuando considera que existen aspectos que deben ser aclarados. Lo que buscamos es que intervengan especialistas independientes y que puedan analizar toda la documentación disponible”, señaló en diálogo con ADNSUR.
Varas cuestionó además las declaraciones de Roberto Castillo, abogado del padre de Ángel, quien vinculó la decisión judicial con supuestos intereses políticos y una estrategia para demorar el juicio. El defensor negó que exista intención dilatoria y sostuvo que la intervención del Cuerpo Médico Forense permitirá contar con una mirada técnica adicional. “Será el propio organismo quien determine los tiempos necesarios para estudiar la documentación y emitir su dictamen”, indicó.
Postura del abogado querellante
Por el contrario, Roberto Castillo, abogado querellante que representa al padre de Ángel, consideró que la resolución constituye una maniobra para dilatar el proceso y vinculó la situación con presuntas interferencias políticas. “Desde mi punto de vista, esto es la injerencia directa de la política. No creo que el objetivo sea obtener un nuevo informe, sino retrasar el juicio para que llegue en otro momento político de la ciudad y de la provincia”, afirmó.
El letrado recordó que los peritos oficiales ya emitieron sus conclusiones y que incluso se realizó una ampliación para garantizar los derechos de la defensa. Además, cuestionó que el perito de parte, Federico Segura, ni siquiera sea especialista en pediatría. “Lo único que hizo fue criticar a los peritos oficiales sin respaldar sus afirmaciones con bibliografía ni fundamentos científicos sólidos. Nos parece una pretensión muy floja y que solo genera demoras”, sostuvo.
Por último, Castillo advirtió que no existe certeza sobre si la Corte aceptará intervenir, ya que se trata de situaciones excepcionales.
Mientras tanto, la causa continúa su curso. La expectativa está puesta en el dictamen que elaboren los forenses de la Corte Suprema, que podría resultar determinante para definir el rumbo del proceso judicial y la eventual elevación a juicio de la causa que tiene a Mariela Altamirano y Michel González como imputados, ambos con prisión preventiva.