Suman más de US$54.000 millones y explican por qué la Patagonia quedó en el centro del plan.
La Patagonia se consolidó como el corazón del mapa de infraestructura que el Gobierno impulsa para destrabar los cuellos de botella de la producción y las exportaciones. Según un relevamiento sobre diez obras clave —energéticas, viales, ferroviarias y fluviales—, financiadas en su mayoría con capital privado bajo el RIGI, el bloque energético concentra la mayor parte de la inversión proyectada y también los plazos de ejecución más cortos. Ese bloque, casi en su totalidad, nace en Neuquén y Río Negro.
El RIGI es el esquema de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios creado por la Ley Bases para atraer desembolsos superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos, con estabilidad de reglas por 30 años. Bajo ese paraguas avanzan los cuatro proyectos que lideran el ranking por monto, todos anclados en el desarrollo de Vaca Muerta.
El de mayor escala es Argentina LNG, el desarrollo de YPF para producir y exportar gas natural licuado. Según su presidente, Horacio Marín, la inversión total ascenderá a 50.000 millones de dólares, de los cuales 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años. El proyecto contempla llevar gas de Vaca Muerta hasta un puerto sobre el Atlántico en Río Negro para licuarlo en dos unidades flotantes de 6 millones de toneladas anuales cada una, con la meta de alcanzar 12 millones de toneladas hacia 2030 y exportaciones que podrían llegar a los 14.000 millones de dólares anuales. Eni y XRG se sumarán con un 32% cada una, mientras YPF conservará el 36%.
A esa apuesta se suman las dos obras que le dan salida al crudo y al gas. El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya superó la mitad de su ejecución: son 437 kilómetros que conectarán Añelo con la terminal de Punta Colorada, con capacidad para 550.000 barriles diarios hacia 2027 y una inversión de 3.000 millones de dólares. Para financiarlo se usó un préstamo sindicado de 2.000 millones de dólares, distinguido como el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia argentina. El Gasoducto San Matías, en tanto, demandará 1.300 millones de dólares, unirá Neuquén con el Golfo San Matías y abastecerá al proyecto Southern Energy —integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar—, con ventas externas estimadas en unos 2.500 millones de dólares anuales.
La cuarta pieza apunta al mercado interno. La ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de TGS, demandará 550 millones de dólares para instalar potencia de compresión entre Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló, en Buenos Aires, y sumar 12 millones de metros cúbicos diarios al anillo bonaerense antes del invierno de 2027.
La electricidad, el otro frente del sur. Dentro del Plan Nacional de Transporte Eléctrico, el Gobierno lanzó un programa de 6.600 millones de dólares con 17 proyectos financiados y ejecutados por privados. Entre ellos figuran una línea de 500 kV que unirá Puerto Madryn con Bahía Blanca y una vinculación eléctrica entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Para los analistas, el potencial es grande, pero condicionado. El economista Sebastián Laza sostuvo que este conjunto de obras permitiría aprovechar mejor los sectores donde la Argentina tiene ventajas —energía, agro y minería—, con beneficios que primero se concentran en esas actividades y luego pueden derramarse al resto si logran subir las exportaciones y bajar los costos. José Vargas, director de Evaluecon, coincidió en que los proyectos pueden generar un cambio estructural, aunque ambos advirtieron que su concreción depende de la estabilidad macroeconómica: inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y reglas estables.
Con Argentina LNG a la cabeza, el paquete energético supera ampliamente los 60.000 millones de dólares proyectados para lo que resta de la década. El grueso de esa cifra se juega en un puñado de kilómetros entre la cuenca neuquina y la costa rionegrina, donde se define buena parte de la capacidad exportadora argentina.