La jueza Eve Ponce desestimó todos los planteos de la defensa del secretario general de ATE Chubut. La fiscalía busca llevar el caso a juicio oral por una presunta administración fraudulenta de fondos del gremio.
La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Chubut (ATE), y avanza hacia la instancia de juicio oral y público. El dirigente está acusado por presunta administración fraudulenta.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP).
La decisión fue tomada por la jueza de garantías Eve Ponce, durante una audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson. Allí, el fiscal general jefe Lucas Papini se opuso a cada uno de los pedidos formulados por el abogado defensor Oscar Romero, quien insistió en que la causa debía cerrarse y cuestionó distintos aspectos del proceso.
Sin embargo, la magistrada coincidió con los argumentos de la Fiscalía y resolvió rechazar todos los planteos de la defensa. En su resolución, sostuvo que la mayoría de esos cuestionamientos ya habían sido analizados durante la etapa de investigación y recordó que la audiencia preliminar no es la instancia para volver a discutir esos puntos.
Tras esa decisión, la jueza dispuso un cuarto intermedio de cinco días hábiles para organizar y depurar la prueba que será presentada durante el futuro juicio oral.
Qué es lo que se investiga
La investigación sostiene que Quiroga habría cometido el delito de defraudación por administración fraudulenta, bajo la modalidad de delito continuado.
Según la acusación de la Fiscalía, entre 2019 y 2023 se habrían realizado desvíos de dinero desde cuentas bancarias de ATE Chubut hacia cuentas particulares, fondos que presuntamente fueron utilizados para afrontar gastos personales.
Para sustentar esa hipótesis, profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General realizaron un análisis de la documentación bancaria correspondiente a ese período.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la exsecretaria de Finanzas del gremio, Claudia Barrionuevo, quien puso en conocimiento de la Justicia las presuntas irregularidades.
Durante la audiencia también participaron los representantes de los afiliados denunciantes, quienes respaldaron el pedido de la Fiscalía para que la causa llegue a juicio. Además, solicitaron que, en caso de una condena, la pena sea de cumplimiento efectivo y que el debate se lleve adelante ante un tribunal unipersonal.
Con el rechazo de los planteos de la defensa, el expediente quedó un paso más cerca del juicio oral, donde se analizarán las pruebas reunidas por la Fiscalía para determinar si existió o no una administración fraudulenta de los fondos del gremio.