Desde este sábado, los adolescentes de 14 a 18 años pueden ser imputados, procesados y condenados penalmente en Argentina, según el nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplaza al marco normativo de 1980.
Desde este sábado 5 de septiembre, entró en vigencia en todo el territorio nacional el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que sustituye al marco normativo de 1980 y habilita el procesamiento judicial de adolescentes a partir de los 14 años de edad ante la comisión de un delito.
La legislación establece un esquema diferenciado de sanciones enfocado en la responsabilidad legal, la educación y la reintegración comunitaria. La normativa contempla el encarcelamiento en casos específicos, prohíbe la prisión o reclusión perpetua para menores de edad, fija un tope máximo de 15 años de pena privativa de la libertad y permite solicitar la libertad condicional al cumplir los dos tercios de la condena.
El sistema prevé que la detención no sea la única respuesta judicial y dispone herramientas alternativas para delitos con escalas de tres a diez años de prisión. Entre las medidas sustitutivas se incluyen restricciones de acercamiento, reparación del daño a los damnificados, reglas de conducta, amonestaciones formales, servicio comunitario y la incorporación del monitoreo electrónico mediante pulseras.
Para las situaciones que requieran privación de la libertad, el texto legal exige que los jóvenes sean alojados en establecimientos especializados o institutos abiertos, con la posibilidad de arresto domiciliario, y prohíbe el contacto o la convivencia con detenidos mayores de edad. Se mantiene la protección de identidad de los procesados, se habilita una mayor participación de las víctimas en el proceso y se imputa responsabilidad civil a los padres por los daños ocasionados por sus hijos.
El Congreso de la Nación asignó un presupuesto de $23.739.155.303 para sostener la puesta en marcha de la infraestructura y el personal especializado. Operadores del fuero de menores manifestaron cautela respecto de la capacidad operativa para absorber el incremento de expedientes, el stock de dispositivos de supervisión electrónica y la articulación entre las jurisdicciones.