El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, confirmó la implementación de un sistema de pago mixto para clasificadores de langostino y denunció amenazas de incendio por parte de dirigentes del STÍA. El gremio rechaza la medida y advierte con un paro total que paralizaría la producción en plena temporada.
El sector pesquero de Chubut atraviesa un nuevo escenario de conflictividad laboral que enfrenta a la cúpula del Grupo Conarpesa con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STÍA). La disputa central gira en torno a la decisión empresarial de implementar una modalidad de pago mixto para los clasificadores de langostino, una medida que el gremio rechaza de plano bajo la advertencia de iniciar un paro general de actividades.
El nuevo esquema propuesto por la compañía combina una base salarial fija por cajón procesado junto con un plus adicional vinculado a los kilos de producción. Frente a la resistencia sindical, el presidente de la firma, Fernando Álvarez Castellano, ratificó el rumbo adoptado y argumentó que las directivas se basan en la convicción y la experiencia propia que históricamente le funcionaron al grupo empresario.
Diferencias sobre el modelo productivo
La escalada del conflicto dejó expuestas las diferencias sobre el modelo productivo de la región. El empresario sostuvo que el objetivo principal es duplicar la capacidad de las plantas hasta alcanzar el procesamiento de 20 mil cajones diarios. Sobre este punto, afirmó que una eventual huelga perjudicaría directamente a 1.300 operarios en tierra y 300 tripulantes que quedarían sin percibir sus ingresos por la falta de descarga.
Al analizar la situación estructural de la industria local, Álvarez Castellano responsabilizó a la conducción del gremio por el estancamiento de la actividad. El ejecutivo argumentó que las empresas se ven forzadas a enviar la materia prima para su reprocesamiento en el exterior debido a exigencias que restan competitividad frente a los mercados de los países limítrofes.
El titular de la compañía expresó que «por culpa del STÍA el valor agregado se hace afuera y las plantas están paradas la mitad del año». Para fundamentar su postura, planteó el debate sobre si los trabajadores prefieren un sueldo alto durante una temporada corta o un ingreso mensual asegurado con continuidad los doce meses. Además, diferenció la actitud de este gremio afirmando que otros sindicatos marítimos e instituciones portuarias «no ponen piedras en la rueda» para lograr que el sector sea verdaderamente rentable.
Denuncia de amenazas en Puerto Madryn
La tensión por las paritarias y los métodos de liquidación sumó un capítulo judicial tras una audiencia celebrada a fines de la semana pasada. El presidente de la empresa pesquera denunció públicamente que varios referentes sindicales se presentaron en la planta de Puerto Madryn y profirieron advertencias extremas tras labrar un acta con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo.
De acuerdo al testimonio del directivo, los dirigentes Oscar Hughes, José Díaz y Osvaldo González se retiraron del sector de portería «amenazando que iban a quemar todas las plantas» luego del encuentro oficial. Al hacer pública esta situación, recordó que se trata de las mismas personas que a mediados de julio habían liderado la toma de las oficinas administrativas y pidió explícitamente que la Justicia analice estas actitudes para obrar en consecuencia.
El conflicto se mantiene en un punto de máxima tensión mientras las partes no logran acercar posiciones sobre el esquema de haberes. Frente a este panorama, desde la empresa exigen garantías de seguridad para resguardar los bienes y al personal, mientras la amenaza latente de una paralización total de las tareas mantiene en vilo a toda la cadena productiva y exportadora de la provincia.