La Municipalidad de Comodoro Rivadavia intervino ante el estado de una vivienda ubicada en calle Francia, a la altura de la avenida Hipólito Yrigoyen y el Hospital Regional, que presenta riesgo de derrumbe. El inmueble está tapiado desde 2023 y, por ser propiedad privada, no puede demolerse sin autorización judicial. Un informe de geólogos determinará el nivel de emergencia.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia intervino ante la situación de una vivienda ubicada sobre calle Francia, en una zona cercana a la avenida Hipólito Yrigoyen y al Hospital Regional, que presenta riesgo de derrumbe.
El inmueble se encuentra sobre uno de los faldeos de un barranco y permanece tapiado desde 2023. Según explicó Bruno Hernández, secretario de Ordenamiento Territorial, ya fue inspeccionado por profesionales del municipio para determinar el nivel de peligro. «Nosotros desde Obras Particulares y sobre todo desde la Subsecretaría de Planeamiento, que forma parte de la Secretaría de Ordenamiento, en el mismo día mandamos a trabajar un geólogo», declaró Hernández a ADNSUR.
El funcionario señaló que dentro del área municipal cuentan con geólogos, arquitectos y otros profesionales técnicos que realizaron un relevamiento del lugar y advirtieron que existe «un grave peligro de derrumbe».
El principal inconveniente para avanzar con una demolición es que se trata de una propiedad privada. Hernández explicó que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, el propietario no pagaría impuestos desde 2016 y que tampoco fue posible establecer contacto con él. Frente a esta situación, el municipio debe cumplir una serie de pasos administrativos para determinar quién tiene actualmente derechos sobre el inmueble y poder avanzar legalmente.
«Ante esta situación lo que tenemos que hacer es notificar de manera formal al propietario. Ante la posibilidad de no encontrarlo, procedemos a hacer una notificación a través de lo que se llama los edictos», explicó el funcionario. A su vez, indicó que también se dará intervención a los juzgados correspondientes para determinar si existe una sucesión abierta y si hay herederos que puedan ser contactados.
Según detalló Hernández, recién después de agotar esas instancias podría evaluarse una intervención sobre la propiedad. En condiciones normales, cuando se determina que una construcción debe ser demolida, el propietario debe iniciar el expediente correspondiente y afrontar los costos de los trabajos. En este caso, la dificultad está vinculada a la imposibilidad de establecer contacto con el titular del inmueble y a la posibilidad de que haya fallecido.
El funcionario remarcó que el municipio no puede ingresar y demoler la vivienda por decisión propia, aun cuando exista preocupación por el riesgo que representa para las propiedades ubicadas debajo. «Yo no, por más ganas y buenas intenciones que puedo llegar a tener, no puedo intervenir si no tengo una autorización judicial sobre la propiedad privada», sostuvo Hernández, quien recordó que la propiedad privada constituye uno de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.
En ese sentido, explicó que una eventual intervención de oficio requeriría una autorización de la Justicia. «Hay competencias del Estado. No tenemos poder de policía. En todo caso lo puede llegar a tener a través de una sentencia o un oficio judicial», afirmó. Por ese motivo, el tiempo que pueda demandar una resolución dependerá de los procedimientos judiciales y de la evaluación que realicen los organismos correspondientes.
Uno de los elementos que podría acelerar el trámite será el informe de los profesionales que ya trabajaron en el lugar. Hernández señaló que los geólogos deberán determinar el grado de emergencia y establecer si existe un peligro inminente. «Ese grado de emergencia que den los profesionales, en este caso los geólogos, seguramente va a ser el fundamento que nosotros presentemos», explicó.
El secretario de Ordenamiento Territorial agregó que ya tomó contacto con Fiscalía de Estado para intentar agilizar las actuaciones. Si el informe técnico establece que existe un riesgo inmediato, se buscará que el procedimiento avance con la mayor rapidez posible.
Mientras se resuelve la situación legal de la propiedad, Hernández señaló que el municipio sí puede avanzar con determinadas tareas preventivas sobre el sector. «Vamos a hacer las tareas necesarias para resguardar mientras tanto a los vecinos. Mientras tanto, hacer trabajo sobre el cerro, eso sí se puede ir realizando», explicó, aunque remarcó que cualquier intervención deberá hacerse con el cuidado y el asesoramiento de los especialistas.
La situación genera preocupación debido a que debajo del inmueble existen viviendas habitadas y, ante un eventual derrumbe, podrían verse afectadas. Por eso, el municipio espera contar con el informe geológico para establecer con mayor precisión el nivel de riesgo y utilizar ese diagnóstico como fundamento para las actuaciones que correspondan ante la Justicia.
Hernández insistió en que la intención es acelerar todo lo posible el procedimiento, pero sin avanzar por fuera de las competencias legales. «Vivimos en un Estado de derecho donde el ordenamiento jurídico, las normas y los procedimientos se deben respetar», sostuvo.