El fiscal Martín Cárcamo presentó la acusación contra cinco mujeres por una presunta estafa que habría afectado a 594 personas y generado movimientos de dinero superiores a $60 millones. La causa avanza hacia la etapa previa al juicio por jurados y las imputadas continúan en libertad.
El fiscal Martín Cárcamo presentó la acusación pública contra Vanesa Elizabeth Fita y otras cuatro mujeres investigadas por una presunta estafa vinculada con la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia. Según informó el funcionario, la maniobra habría afectado al menos a 594 personas y generado movimientos de dinero superiores a los $60 millones.
La presentación se formalizó el jueves 8 de octubre en el marco de la causa sobre denuncia-estafa. Además de Fita, la acusación alcanza a Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mancilla, María Victoria Curán y Camila Páez, quienes ya habían sido incluidas en la investigación penal preparatoria.
Cárcamo explicó que, según la hipótesis fiscal, entre abril de 2023 y febrero de 2024, Fita habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas. También habría asegurado contar con vínculos con funcionarios públicos para ofrecer la posibilidad de acceder a casas construidas o próximas a construirse, pese a no tener autorización vigente ni recursos suficientes para concretar las adjudicaciones.
«Y en concreto esa maniobra ha alcanzado, a criterio del Ministerio Público Fiscal, ha damnificado cuanto menos o al menos a 594 personas. Esta maniobra consistió básicamente en exigirle a los eventuales interesados la entrega de una suma de 100.000 pesos de manera inicial y luego el pago de las cuotas al Instituto Provincial de la Vivienda», detalló el fiscal.
Cómo funcionaba la presunta estafa
De acuerdo con la investigación, las personas interesadas debían entregar inicialmente $100.000 y luego realizar otros pagos presentados como cuotas destinadas a obtener una vivienda. Una vez efectuados los desembolsos, eran incorporadas a grupos de WhatsApp donde recibían información y participaban de comunicaciones y reuniones que, según la Fiscalía, mantenían vigente la promesa de una futura adjudicación.
Para sostener la acusación, los investigadores reunieron 80 denuncias de personas que aseguran haber sido damnificadas. Las presentaciones incluyeron comprobantes de pagos, conversaciones digitales y registros de encuentros informativos.
El análisis también demandó un importante volumen de información. Según Cárcamo, se digitalizaron alrededor de 700 gigabytes de documentación, incluidos registros bancarios, datos extraídos de teléfonos secuestrados durante allanamientos e información fiscal.
Además, se solicitó documentación al IPV para establecer cuál era la situación de las investigadas ante el organismo. El fiscal indicó que también se examinó una posible participación de funcionarios públicos, hipótesis que, según afirmó, fue descartada durante la pesquisa.
Qué papel le atribuyen a cada imputada
La acusación establece distintas responsabilidades para las cinco mujeres. A Fita le atribuyen al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real, como presunta autora. Para la Fiscalía, habría ideado la maniobra y se habría valido de la intervención de las otras acusadas.
En el caso de Miranda, la imputación comprende 130 hechos; para Mancilla, al menos cuatro; para Páez, 300; y para Curán, 400. A las cuatro les atribuyen la participación necesaria, al considerar que sus aportes habrían sido indispensables para concretar las presuntas defraudaciones.
Cárcamo también señaló que se cotejaron comprobantes de depósitos y transferencias con los ingresos registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Asimismo, sostuvo que la información fiscal indicaría que las investigadas no desarrollaban actividades económicas formales durante el período analizado, pese a los movimientos de dinero detectados.
Cómo sigue el proceso judicial
Tras la presentación de la acusación, las defensas deberán recibir el planteo fiscal y tendrán la posibilidad de responder. Luego se designará al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, una instancia previa al eventual juicio por jurados.
Por el momento, las cinco imputadas llegan a esta etapa en libertad. Cárcamo advirtió que la situación podría revisarse durante el proceso, de acuerdo con las decisiones judiciales que se adopten y la calificación legal sostenida en la acusación.
En cuanto a las posibles condenas, el Ministerio Público Fiscal considera que para Fita y las acusadas a quienes atribuye una mayor cantidad de hechos podrían corresponder penas de cumplimiento efectivo si fueran condenadas. Para una de las involucradas, en cambio, contempló la posibilidad de una pena de ejecución condicional.
La presentación formal de la acusación marca un nuevo avance en la causa. La responsabilidad penal de cada una de las mujeres deberá determinarse en las siguientes etapas del proceso judicial.