El máximo tribunal desestimó un recurso de la defensa que cuestionaba la actuación de funcionarios judiciales durante la investigación del homicidio ocurrido en Villa Gesell en 2020. La decisión no modifica las condenas por el asesinato.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la defensa de siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El planteo no estaba dirigido a modificar las penas por el homicidio, sino a cuestionar la actuación de funcionarios judiciales durante las primeras etapas de la investigación.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que la presentación no contaba con fundamentos suficientes para refutar la decisión judicial anterior y justificar una nueva revisión.
El reclamo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, quien puso en duda la legalidad de los procedimientos realizados durante las primeras declaraciones de los acusados, tras el crimen ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.
Qué denunció la defensa
La presentación apuntaba contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dispuesto la prisión preventiva de los imputados.
Entre los cuestionamientos, Tomei sostuvo que los detenidos no habrían recibido información adecuada sobre los hechos que se les atribuían ni sobre las pruebas reunidas en su contra. También señaló presuntas inconsistencias en los horarios consignados en las actas de las declaraciones.
A partir de esas observaciones, la defensa denunció posibles delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Se trataba de acusaciones formuladas por los abogados de los rugbiers, no de delitos cuya comisión hubiera sido acreditada judicialmente.
Por qué intervino la Corte Suprema
La denuncia atravesó distintas instancias judiciales desde 2020. En 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores habilitó a los rugbiers a participar en el expediente como particulares damnificados, es decir, en calidad de personas que alegaban haber sido perjudicadas por los hechos denunciados.
Sin embargo, el planteo fue desestimado por ausencia de dolo y también se rechazaron algunas de las medidas de prueba solicitadas por la defensa. Frente a esas decisiones, Tomei continuó con las apelaciones hasta intentar llevar el caso ante el máximo tribunal del país.
La Corte consideró que el recurso no explicaba de manera suficiente cuáles eran los errores jurídicos de la resolución cuestionada ni aportaba argumentos sólidos para justificar su revisión. De esta manera, rechazó la presentación sin modificar lo resuelto en las instancias anteriores.
Las condenas por el asesinato
La decisión se refiere exclusivamente a la denuncia contra los funcionarios judiciales y no altera las penas impuestas por el homicidio de Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión.
En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal del delito al descartar la agravante de alevosía y mantener el concurso premeditado de dos o más personas.
El rechazo del nuevo recurso mantiene sin cambios la resolución cuestionada en la denuncia contra los funcionarios y constituye una cuestión judicial separada de la causa por el asesinato.
Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR