El Juzgado Multifueros de El Bolsón dispuso que el propietario de un predio y una familia residente en El Manso Inferior compartan las llaves de un candado que permite el tránsito por un camino rural utilizado históricamente para acceder a la Ruta 83.
El Juzgado Multifueros de El Bolsón ordenó al propietario de un inmueble ubicado a unos tres kilómetros del Puente Verde que garantice el libre tránsito por un camino rural que una familia de El Manso Inferior utiliza para acceder a la Ruta 83. La medida se adoptó tras una presentación judicial patrocinada por la Defensa Pública.
Según consta en el expediente, el conflicto se originó cuando el dueño del terreno lindante instaló un candado en la tranquera que divide los predios, impidiendo el paso que la familia utilizaba desde hacía años. La familia cruza el río Manso en bote hasta una parcela particular donde resguarda su vehículo y desde allí accede a una tranquera de madera construida por ellos mismos con un aval previo del dueño del lugar.
La demanda sostuvo que los afectados desconocían los motivos de la decisión del vecino. Asimismo, señalaron que el cierre del camino afecta el traslado de su producción de vacas, ovejas y aves, la compra de víveres y el ingreso de forraje. El grupo familiar está integrado por una mujer de avanzada edad con múltiples dolencias, un hombre con afecciones cardíacas y una niña con discapacidad, por lo que la presentación legal argumentó que la imposibilidad de usar la salida tradicional representa un riesgo ante emergencias médicas.
Previamente, el Juzgado de Paz de El Manso había establecido una tregua provisoria por 90 días con uso compartido del acceso. Al vencer ese plazo, la tensión regresó y uno de los vecinos solicitó al fuero civil una medida cautelar de no innovar para mantener habilitado el camino.
La jueza a cargo del Juzgado Multifueros de El Bolsón dio por acreditado el uso histórico del sendero y evaluó que mantener el bloqueo podía ocasionar perjuicios económicos y de salud para los pobladores. La sentencia ordenó al dueño del inmueble garantizar el libre tránsito de forma inmediata mediante un sistema temporal en el que ambas partes compartirán las llaves del candado durante los próximos tres meses. En ese lapso, los afectados deberán iniciar una demanda de fondo o acreditar el inicio de una mediación prejudicial para resolver definitivamente el derecho de paso.