Daniel Sandoval, defensor del bioquímico detenido en Esquel, declaró en una entrevista que su cliente sufrió extorsión y una golpiza en Trevelin. La fiscalía sostiene que se trata de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona.
El abogado Daniel Sandoval, representante legal de Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años que cumple prisión preventiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, brindó una entrevista al medio ADN Sur en la que expuso la estrategia de defensa. Según sus declaraciones, el encierro y las ventanas tapiadas en la vivienda de Esquel respondieron a un esquema de «autoresguardo» frente a amenazas de un grupo mafioso.
La versión de la defensa
Sandoval sostuvo que Battista «tiene pruebas objetivas de que fue víctima de extorsión» y que «llegaron a sacarle cerca de 90 mil dólares bajo reiteradas amenazas» para que abandonara sus investigaciones. El letrado vinculó estos hechos con la notoriedad que el bioquímico adquirió durante la pandemia por promocionar un suplemento a base de extractos de alfalfa.
El abogado también relató un episodio de violencia ocurrido en 2022 en Trevelin, donde un grupo de personas viajó desde Buenos Aires para obligar a Battista a firmar un pagaré y lo golpeó. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Esquel, pero la causa fue archivada por falta de identificación de los agresores. Según Sandoval, la aparición de municiones en la vereda del domicilio de Esquel funcionó como una señal de amedrentamiento.
Origen familiar y entorno
El defensor indicó que la familia residía previamente en zonas de Buenos Aires como Olivos, y que el padre de Battista ocupó altos cargos en el Ministerio de Transporte de la Nación. Además, mencionó que cinco hermanos del imputado ejercen la medicina y la psiquiatría en Hurlingham. Al ser consultado sobre si algún familiar de las víctimas se comunicó para brindar asistencia, Sandoval respondió: «todavía no».
Situación económica y pedido judicial
Sandoval afirmó que Battista «siempre funcionó como el único proveedor económico del hogar y cobraba una jubilación mínima», y que complementaba sus ingresos con la venta de preparados naturales. La defensa solicitó a la Justicia la liberación de dinero en efectivo secuestrado durante el allanamiento para que la hija mayor pueda afrontar deudas familiares.
El letrado cuestionó el accionar del Estado y sostuvo que la intervención judicial disgregó al grupo familiar. «El accionar del Estado terminó disgregando al grupo al dejar a la madre inmersa en un quiebre emocional y económico, a los hijos en hogares sustitutos y al único sostén financiero preso», declaró.
La postura de la fiscalía
Las fiscales Cecilia Bagnato y Mónica Caveri sostienen la hipótesis de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo. Según un informe oficial de los equipos técnicos tras las primeras intervenciones en el domicilio, los integrantes del hogar se encontraban en una «vulnerabilidad extrema» debido a las condiciones de vida.
La fiscalía anticipó que someterá al imputado a una pericia psiquiátrica obligatoria para evaluar si comprendía la gravedad de sus actos. Battista continuará en prisión preventiva mientras se espera que los menores brinden su testimonio mediante el sistema de Cámara Gesell.