En 2015, unos meses antes de dejar el Gobierno Cristina Kirchner hizo que su cuñada, la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner le otorgara su pensión honorífica que le correspondía y también la de Néstor Kirchner, a pesar de que la ley establece que debe optar por una sola, en un trámite exprés.
La ley N° 24.018 sancionada por Carlos Menem dispone de una pensión honorífica para ex presidentes y ex vicepresidentes equivalente a un sueldo de un ministro de la Corte.
Pero la lucha por la interpretación de esa ley dio lugar a una historia negra de presiones y ascensos sin precedentes que permitió que en junio de 2022, Cristina cobrara las dos pensiones que hoy llegan a más de 21 millones de pesos por mes.
Luego del dictamen de Alicia Kirchner, convalidado por el entonces Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el entonces presidente Mauricio Macri, unos meses después de asumir, le sacó la de Néstor al interpretar el espíritu de la ley: un solo beneficio.
En concreto, la entonces ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley -previo dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín- le «suspendió su asignación presidencial, ante la negativa de optar entre una u otra, como lo obliga el art 5 de la ley 24.018″, precisó a Clarín el ex camarista de la Seguridad Social Luis Herrero.
«La ex presidenta primero inventó una demanda por violación a su derecho de defensa ante el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual era falso, pues interpuso un recurso de reconsideración, primero, ante el ministerio, y de carácter jerárquico, después, ante el Poder Ejecutivo, que fueron rechazados», recordó Herrero.
Entonces, Cristina empezó un juicio y el juez suplente de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami, que ahora integra una terna de candidatos en el Consejo de la Magistratura a magistrado de instrucción de ese fuero, le dio la razón en un polémico fallo. Y el fiscal y miembro de “Justicia Legítima” Gabriel De Vedia no apeló y quedó firme, incluso cobrando retroactivos y adicionales por tener domicilio legal en Santa Cruz. De Vedia luego fue ascendido como juez de la Cámara Nacional del Trabajo.
Pero «lo más grave es que este proceso administrativo fraudulento de la ex presidenta fue avalado en primera y segunda instancia en el fuero de la seguridad social», subrayó el ex juez Herrero, famoso por su defensa de los derechos de los jubilados.
El siguiente paso fue que la dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta, desde la ANsES, no apeló a la Corte y convalidó la maniobra. La ANsES generalmente apela todos los reclamos de los jubilados.
En febrero de 2022, Cristina empezó a cobrar la pensión no contributiva que cobran todos los ex presidentes y solo quedó en trámite un pedido de la diputada de Confianza Publica Graciela Ocaña a la Corte de ser querellante en la causa.
El trámite por el cobro de la pensión se inició en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que dirigía Carlos Zannini. El 29 de octubre de ese mes, el trámite, pasó a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (no contributivas) y el 21 de diciembre de 2010 ya estaba aprobado en tiempo récord.
La pensión de Cristina se resolvió así en menos de dos meses, mientras que una pensión para cualquier ciudadano común “demanda por lo menos 6 meses”, contó a Clarín el abogado experto en temas previsionales Julián Despoulis Netri. En Argentina existen alrededor de 1,2 millones de pensionados cuyos trámites tardaron en promedio ese tiempo.
La ley 24.018 creó la pensión no contributiva para los ex presidentes, vicepresidentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su artículo 5 la ley dice que “la percepción de la asignación ordenada en el artículo 1 de esa ley, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”.
En 2022, Cristina empezó a cobrar esa pensión no contributiva cuando ya hacía cinco años que venía cobrando la pensión de Néstor. Antes esta situación, Cristina tenía que “optar” por la pensión no contributiva o por la pensión para no incurrir en un delito, explicó el abogado Despoulis Netri
Casi perdida la batalla en el fuero de la Seguridad Social, constitucionalistas, ex jueces y el Defensor de la Tercera Edad presentaron el año pasado un amicus curiae ante la Corte para que se acepte la legitimación procesal de la diputada Ocaña en la causa. La jubilación de Cristina equivale a más de 100 pensiones mínimas.
Ahora la Corte deberá discutir si los acepta como “amigos del tribunal” antes de decidir si Ocaña tiene legitimación procesal para oponerse a esa jubilación de privilegio que le concedió aquel polémico fallo. Sucede que la cámara del fuero había rechazo un pedido de diputados de Juntos por el Cambio para ser querellantes.
El pedido para Ocaña fue hecho por el constitucionalista Daniel Sabsay, el exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Ricardo Guibourg, el exjuez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis Herrero, y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
Pero ahora sería abstracto tras la decisión del presidente Javier Milei, a menos de que Cristina insista ante la Justicia en cobrar sus dos jubilaciones de privilegio.