Un fallo del juez Juan Guaita en la justicia neuquina encendió preocupaciones en la industria hidrocarburífera de Vaca Muerta. La resolución, vinculada a una causa ambiental por transformadores con PCB, estableció que el exsubsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, no era autoridad de aplicación de la Ley 1875 de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente en la provincia.
Si bien el caso específico no está relacionado con la actividad hidrocarburífera, el argumento del juez plantea dudas sobre la validez de los permisos ambientales y las multas impuestas bajo la firma de Lucchelli. Empresas del sector analizan el impacto de la decisión judicial y esperan definiciones del Gobierno provincial.
Durante su gestión entre 2016 y 2023, Lucchelli otorgó autorizaciones ambientales y aplicó sanciones, incluida la multa más alta en la historia de Vaca Muerta a YPF por el derrame en Bandurria Sur en 2018. Sin embargo, según el fallo, la autoridad ambiental competente debía ser un ministro o secretario de Estado con rango ministerial.
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El sector empresarial considera que el fallo no implica automáticamente la anulación de permisos y multas previas, pero sí deja abierta la posibilidad de impugnaciones. «Esto se plantea como un problema grande que debe ser aclarado”, señalaron desde una compañía con operaciones en la Cuenca Neuquina.
Una de las alternativas planteadas es que un funcionario con el rango exigido por el fallo ratifique los actos administrativos firmados por Lucchelli. Sin embargo, en el contexto del recambio de autoridades provinciales ocurrido en diciembre de 2023, el escenario sigue sin definiciones.
En el caso de la sanción a YPF por el derrame de Bandurria Sur, el fallo menciona que la multa fue validada en distintas instancias superiores, lo que la diferencia de otras decisiones firmadas únicamente por el exsubsecretario.
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El tema ya fue elevado a las áreas legales de varias operadoras. La posibilidad de que permisos ambientales y sanciones sean cuestionados genera incertidumbre en la industria, que espera una resolución administrativa o judicial que aclare la situación.
Desde el sector privado consideran que el fallo será revisado para evitar su consolidación como precedente. Mientras tanto, las empresas continúan evaluando los posibles efectos en sus proyectos y en el marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera en la provincia.