Anticipando una de las peores derrotas en el Senado, el Gobierno había intentado demorar el tratamiento de los pliegos de los jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), pero fracasó. En la previa a la sesión de este jueves, que concluyó con el rechazo de la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el senador libertario Ezequiel Atauche intentó postergar la votación y colar el proyecto Ficha Limpia.
La estrategia de Atauche era clara: frenar por una semana más la votación de los cortesanos designados por Javier Milei e introducir Ficha Limpia en el medio de la discusión para embarrar la cancha. Sin embargo, en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se define el temario de la sesión, el senador de La Libertad Avanza no consiguió respaldo.
Horas más tarde, al comienzo de la sesión, uno de los aliados del oficialismo, el salteño de Cambio Federal Juan Carlos Romero quiso introducir en el temario una moción de preferencia para debatir en el recinto el próximo miércoles 9 de abril el proyecto de ley de Ficha Limpia, pero tampoco fue apoyado.
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De manera que el oficialismo no tuvo más opción que enfrentar la sesión que lo convirtió en el primer Gobierno de la democracia al que le rechazaron los pliegos de los jueces para la Corte Suprema. Las gestiones anteriores evitaron esa situación retirando los pliegos antes de la votación cuando no habían conseguido los consensos necesarios. Sin embargo, la gestión libertaria redobló la apuesta designando a Lijo y García Mancilla por decreto, medida que causó más repulsión.
Sin consenso político, elemento central en el nombramiento de los magistrados de la CSJN, ya que requieren la aprobación con dos tercios de los miembros del Senado, y con cuestionamientos sobre constitucionalidad por la designación vía decreto, el Gobierno sufrió un duro revés. Lijo obtuvo 43 votos negativos, una abstención y 27 afirmativos. Mientras que a García Mansilla le fue peor, obtuvo 51 votos negativos y sólo 20 positivos. El mensaje de la oposición fue contundente, el peronismo, sectores de la UCR y el PRO votaron en contra.
Tras el fracaso de los pliegos de los dos jueces impulsados por el Gobierno y desde Estados Unidos, Milei insistió con Ficha Limpia y publicó en redes: “¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la expresidente doblemente condenada? ¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión? Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!!”.
El futuro de García-Mansilla
En este contexto se abre la pregunta de cuál será la decisión de García-Mansilla, que prestó juramento ante la CSJN luego de su designación por decreto, a pesar de que había dicho ante el Senado que no aceptaría el cargo bajo esas formas. De acuerdo a la mirada de diversos constitucionalistas, debería renunciar. «En mi opinión, si el Senado rechaza el pliego de García Mancilla, quien ya ha firmado sentencias, él deja de ser juez desde ese mismo momento», sostuvo el abogado Christian Cao ante este medio en Canal E.
Cao señaló la falta de antecedentes claros en Argentina sobre esta situación. «Hay un caso en 1960, pero no es idéntico. Se trataba de un juez nombrado en comisión por un gobierno de facto, cuyo pliego luego fue rechazado por el Senado, y la Corte Suprema determinó que dejaba de ser juez inmediatamente» señaló.
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Sobre la posibilidad de que un rechazo en el Senado no implique la salida inmediata de García-Mancilla, refutó la posición de algunos colegas y funcionarios. «Si se sostiene que seguiría en funciones hasta el 30 de noviembre, se podría entrar en un ‘círculo vicioso’, donde el presidente lo vuelva a designar en comisión cada vez que el Congreso entre en receso», advirtió.
Al mismo tiempo, ante la Justicia hay cuatro amparos presentados que reclaman la inconstitucionalidad de la designación de García-Mansilla y Lijo. Están a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla y fueron iniciados por Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
LM/ML