La Justicia de Chubut avanzó en las últimas horas con allanamientos en el marco de una causa que investiga a empresarios y ex funcionarios provinciales vinculados al kirchnerismo, acusados de haber ofrecido dinero a un dirigente sindical para impedir el inicio del ciclo lectivo.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche, y está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, bajo la conducción de la fiscal Julieta Gamarra.
Como primera medida, la fiscal dispuso la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew.
Con los elementos reunidos, se ordenaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde, según la denuncia, se habría concretado la reunión en la que se intentó sobornar al dirigente gremial.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad que serán peritadas. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que la calificación legal es provisoria.
Según la denuncia, Severiche recibió un llamado del empresario local Ricardo Traversini, quien le indicó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.
Quién es Gonzalo Carpintero
Carpintero tuvo una extensa trayectoria en el Ejecutivo provincial, ligado al peronismo chubutense. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew y viceministro coordinador de Gabinete.
Su carrera política concluyó con una condena por corrupción, luego de que se acreditara un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como “Embrujo” y “Revelación”.
Tras el contacto telefónico, Severiche se presentó en la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto. Allí, según consta en la denuncia judicial, le habrían pedido que “genere conflicto con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”.
“Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró el dirigente sindical.
En su testimonio, Severiche afirmó que Carpintero le prometió una “retribución económica” y que luego se realizarían paritarias para compensarlo si aceptaba el pedido.
Fuentes del gobierno provincial indicaron que el trasfondo del conflicto estaría vinculado a intereses económicos: evitar el pago de impuestos adeudados, estimados en alrededor de $ 1.200 millones, frenar el aumento del canon pesquero y bloquear el eventual envío de un proyecto de “Ley de Ficha Limpia para la Pesca” que el Ejecutivo analiza presentar en la Legislatura.