En la antesala de la reforma laboral, afirman que la denominada «industria del juicio», tuvo un alto índice en el último año, cuando el número de causas por accidentes y enfermedades laborales creció 6,4% respecto del año anterior, el más alto desde la creación sistema en 1996.
De este modo, el índice de litigiosidad se elevó a 132,8 casos por cada 10.000 asegurados y San Luis, Santa Fe, Chubut, Mendoza y Jujuy son las provincias con más juicios iniciados por asegurados, según datos recogidos por la Agencia Noticias Argentinas.
La inminente sanción de un nuevo régimen laboral podría erigirse en el marco para que las Justicias provinciales apliquen las normativas que frenen el avance de las demandas sin control.
Uno de los países más judicializados
La litigiosidad laboral en Argentina alcanzó niveles récord en 2025, que consolidan al país como uno de los de mayor judicialización laboral del mundo.
Se registran más de 350 nuevas demandas por día, con lo que supera en más de un 2.200% la litigiosidad de Chile y un 1.500% a la de España, con una tasa de 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos.
La paradoja es que, a pesar de la reducción de la siniestralidad laboral, los juicios hayan crecido exponencialmente.
Y pese a que hay menos accidentes y fallecimientos, los juicios se incrementan.
Desde el inicio del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina, los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos laborales bajaron un 80%, lo que equivale a haber salvado más de 19 mil vidas.
Estudio de UART
La cobertura se amplió sustantivamente a lo largo de los años, demuestra un estudio elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
El sistema funciona en términos preventivos y de protección, pero los juicios crecen de manera desproporcionada.
Los especialistas vinculan el fenómeno al sistema de pericias médicas judiciales y al alto costo de los litigios.
Las reformas laborales en curso buscan reducir esta alta judicialización, mientras sindicatos cuestionan la constitucionalidad de cambios en los derechos adquiridos.
“La Ley de Modernización Laboral es una nueva oportunidad para que las justicias provinciales cumplan con lo previsto en la norma”, se ilusionan en UART.