La empresa Patagonia Argentina comunicó que no aceptará nuevas extensiones de su contrato de transporte público en Comodoro Rivadavia y exige un acuerdo directo por cinco años. Además, inició una demanda judicial para anular la licitación que adjudicó el servicio al Grupo MR y advierte con una reclamación por 37 millones de dólares.
La disputa por la licitación del servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia suma un nuevo capítulo. La empresa Patagonia Argentina, a través de su abogado José María Ferreyra de las Casas, informó que no firmará más prórrogas del contrato actual, que vence el 31 de mayo, y solicita un contrato directo por cinco años para continuar prestando el servicio.
El Municipio envió una propuesta para extender nuevamente el vínculo contractual. La respuesta de la empresa fue negativa. “Recibimos ya la propuesta de prórroga que hizo el municipio a Patagonia. Nosotros entregamos la respuesta, con varios puntos y condiciones”, señaló Ferreyra de las Casas. No obstante, aclaró que la firma no abandonará el servicio de forma abrupta. “El compromiso de Patagonia es que no podemos dejar sin servicio a la ciudad. Es un compromiso de la empresa con la comunidad. Hay que prestar servicio”, indicó.
Entre las condiciones planteadas, la empresa exige una contratación directa por cinco años. “Uno de esos puntos es que nos hagan un contrato por cinco años. A modo de contratación directa. No hay más prórrogas. Patagonia no da más prórrogas”, afirmó el abogado.
En paralelo, Patagonia Argentina inició una demanda judicial contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para solicitar la nulidad del proceso licitatorio que adjudicó el transporte urbano al Grupo MR. Ferreyra de las Casas sostuvo que el proceso administrativo fue irregular y que el competidor habría tenido acceso a información privilegiada. “En la licitación se observa de inmediato que Patagonia no era la favorita. Éramos un contendiente necesario, pero el favorito era otro”, declaró.
El abogado también cuestionó la interpretación de la normativa sobre preferencia para empresas locales. “La norma dice que a igualdad de precio, o con un precio del competidor de hasta un 5% de diferencia, la preferencia debía ser para el local. Patagonia ofreció un precio menor al de MR”, afirmó.
Si la Justicia no hace lugar al pedido de anulación, la empresa avanzará con una acción por daños y perjuicios. “Si esto no se puede hacer, avanzaremos con una demanda por daños y perjuicios que, solo por lucro cesante, alcanza los 37 millones de dólares”, explicó Ferreyra de las Casas.
El abogado señaló que la demanda está dirigida contra la municipalidad, pero sostuvo que la responsabilidad patrimonial debería recaer en funcionarios municipales. “La demanda es contra la municipalidad, pero en todo el texto se sostiene que eso no debe pagarlo el contribuyente, sino los funcionarios que cometieron los errores”, aseguró. Mencionó a integrantes de la comisión de preadjudicación, funcionarios de Asesoría Letrada, al intendente, al secretario de Gobierno y al ex asesor letrado municipal Jorge Echelini.