La ex presidenta recurrió a la Justicia tras el rechazo de la Corte Suprema a planteos de nulidad en la causa Vialidad.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para frenar la ejecución del decomiso de $684.990 millones, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los planteos de nulidad y ratificara la actualización del monto en la causa Vialidad. La misma estrategia fue adoptada por el empresario Lázaro Báez.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 había fijado originalmente un decomiso de aproximadamente $85.000 millones, cifra que fue actualizada por la Justicia hasta alcanzar los $684.990 millones. Con la decisión de la Corte Suprema, la causa ingresó en la etapa de ejecución patrimonial.
En esta fase, la Justicia deberá determinar los bienes alcanzados por el decomiso, entre los que figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a empresas familiares y otros activos incorporados a los expedientes judiciales. La defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, busca excluir del proceso los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que no existe evidencia de que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad investiga irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa sentencia fue confirmada por instancias superiores hasta quedar firme con la decisión de la Corte Suprema.
El decomiso es una herramienta prevista por la legislación penal para recuperar bienes obtenidos o vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo original se realizó sobre el perjuicio económico ocasionado por las maniobras investigadas y fue actualizado por la Justicia.
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, al considerar que los activos vinculados a causas de lavado de dinero deben quedar bajo la órbita de organismos especializados. Especialistas en derecho penal sostienen que los recursos de queja presentados por las defensas no tienen efecto suspensivo automático, por lo que el proceso para identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes podría avanzar de manera paralela.
Cristina Fernández insiste en denunciar una persecución en su contra, mientras que desde el oficialismo sostienen que la confirmación de las condenas representa un paso importante en la lucha contra la corrupción.