El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que dispone la exoneración de cuatro agentes y la cesantía de un quinto, vinculados a la maniobra de desvío de fondos de programas sociales durante la gestión anterior.
El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que dispone cuatro exoneraciones y una cesantía contra agentes vinculados a la estafa con planes sociales que afectó a la administración provincial anterior.
La causa por la estafa con planes sociales suma un nuevo capítulo en el plano administrativo. El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que dispone el apartamiento definitivo de cinco agentes del Estado provincial vinculados con la investigación, como parte del proceso disciplinario derivado de una maniobra que desvió fondos destinados a programas sociales durante la gestión anterior.
El decreto establece la exoneración de Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Aaron Escobar. En tanto, Marines Elizabeth Huaiquipán fue sancionada con cesantía, una medida de menor gravedad que la exoneración, contemplada en función de las particularidades de su situación personal detectadas durante el sumario, pese a las responsabilidades administrativas determinadas.
Las medidas fueron adoptadas una vez concluidas las actuaciones administrativas y se sustentan en el régimen legal que regula el comportamiento de los agentes del Estado provincial. Para el Gobierno, la decisión es coherente con un criterio que sostiene desde el inicio de la gestión: quienes participaron en maniobras que lesionaron el patrimonio público no pueden continuar integrando la administración.
La estafa investigada tuvo un fuerte impacto institucional por tratarse de fondos destinados a programas de asistencia social, lo que agravó la dimensión del daño tanto económico como institucional. Entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, el dinero de los planes fue desviado hacia una denominada «caja azul» que habría financiado campañas del Movimiento Popular Neuquino durante la gestión de Omar Gutiérrez.
En paralelo con las sanciones administrativas, la causa penal continúa su curso. El Tribunal de Impugnación revisa actualmente tanto los recursos presentados por las defensas de los condenados como los planteos del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, que reclaman una revisión de las absoluciones por asociación ilícita, figura que el tribunal de juicio original descartó al momento de dictar la sentencia. El propio gobernador Figueroa ha insistido públicamente desde el veredicto en que debe modificarse esa calificación, entendiendo que la maniobra fue ejecutada por una organización con estructura y permanencia en el tiempo.
Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023, la administración de Figueroa presentó la transparencia y el control en el manejo de los recursos públicos como pilares centrales del proceso de reorganización del Estado, y las sanciones a los agentes vinculados con la estafa de planes sociales son, en ese contexto, una expresión concreta de esa política.