Tras lograr un quórum ajustado, el Gobierno postergó el debate en el Senado de la reforma sobre la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Tras lograr un quórum ajustado, el Gobierno postergó el debate en el Senado de la reforma sobre la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La incertidumbre sobre el quórum surgió en la noche del miércoles, cuando se supo que, al menos, tres radicales no iban a concurrir este jueves a la Cámara alta, algo que no se concretó, y otros aliados al Gobierno que rechazan aspectos centrales del proyecto.
Tampoco quería que se realizara la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel, que mantuvo una discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?”, preguntó Villarruel, según publicó el diario La Nación, a lo que Bullrich respondió: “Para festejarlo”.
Villarruel respondió entonces que pretendían reunirse “para vender el país” y afirmó que ningún legislador quería permanecer en el Senado para votar “una ley que es indignante por el capítulo de tierras”. “Para vos. Para nosotros, cambiar el país es el desafío”, replicó la senadora libertaria.
La vicepresidenta redobló sus cuestionamientos al señalar: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”. Bullrich negó que la iniciativa implique la venta indiscriminada del territorio nacional y aseguró: “No se venden tierras. Se desarrolla el país”.
El intercambio escaló cuando Villarruel vinculó el debate legislativo con la situación económica y social. “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia”, afirmó. También sostuvo que “la gente no tiene para comer” y se encuentra endeudada, y reclamó a los dirigentes oficialistas que recorran los pueblos “en vez de digitar todo desde un despacho”.
Bullrich contestó que los argentinos quieren progresar y dejar de ser “subdesarrollados, populistas y pobres”. La vicepresidenta, en tanto, acusó a la bancada libertaria de querer “rifar” el país y aseguró que ella había tomado “partido por Argentina”.
La discusión derivó luego en reproches personales. Bullrich le planteó a Villarruel que renunciara si no estaba de acuerdo con el rumbo del Gobierno, mientras que la vicepresidenta respondió que también había sido elegida por el voto popular. “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo”, contestó Villarruel, quien calificó a Bullrich de “obsecuente” por impulsar la iniciativa.
El diálogo terminó con descalificaciones. Villarruel le reclamó a la senadora que fuera a “chuparle las medias a Karina”, en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bullrich respondió: “Chau, chau. Comienzo y fin de una corta vida política”.
Qué dice el proyecto que buscará aprobar el oficialismo
El proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada” fue diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y modifica las reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa elimina los límites generales vigentes para esas operaciones y establece que las provincias deberán intervenir en las autorizaciones correspondientes.
El texto prohíbe que estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, cualquiera sea la forma jurídica utilizada. Sin embargo, habilita una excepción cuando exista autorización tanto de la provincia donde se encuentre el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus límites, de acuerdo con la Constitución Nacional. En el caso de campos ubicados en zonas de frontera, la operación deberá contar con una doble autorización: la del gobierno provincial y la del Ejecutivo nacional.
El proyecto también incorpora el silencio administrativo. Si las autoridades nacionales y provinciales no presentan objeciones dentro de los 180 días, la adquisición quedará autorizada y los compradores pasarán a ser propietarios de pleno derecho.
Además de los cambios en la compra de tierras rurales, el proyecto modifica normas vinculadas con desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
En materia de desalojos, establece un procedimiento acelerado para inmuebles usurpados o en manos de tenedores precarios. El juez podrá ordenar la entrega inmediata si considera verosímil el derecho invocado por el propietario y existe prueba documental.
Para los contratos de alquiler con pagos atrasados, el dueño deberá intimar al inquilino y otorgarle al menos diez días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar una acción de desalojo.
En los casos que involucren a menores o adultos en situación de desamparo, será obligatoria la intervención de los organismos locales de protección y del Ministerio Público Tutelar para garantizar una alternativa habitacional transitoria.
Sobre las expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que fundamentar los motivos de la medida. El dictamen fija, además, un límite del 30 por ciento para la indemnización por lucro cesante.
En cuanto al manejo del fuego, se elimina la prohibición de modificar durante 30 años el uso de terrenos incendiados en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Para los bosques nativos y humedales continuará prohibido el cambio de uso y destino de las superficies afectadas por incendios, con la veda de 60 años prevista en la legislación vigente.
El proyecto ya había sido postergado por las diferencias entre el oficialismo, sectores dialoguistas y bloques opositores, especialmente por el capítulo referido a la compra de campos por parte de extranjeros. El Gobierno buscará ahora reunir los votos necesarios para aprobarlo en el Senado.